La decisión española fue comunicada a Lloyd por correo electrónico, cuando estaba a punto de clausurarse la primera jornada de la vista de apelación contra la extradición de Troitiño en el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales.
Madrid intentó con su misiva salvaguardar su postura sobre el principio de mutuo respeto en los sistemas judiciales de los países miembros de la Unión Europea, que apuntala los procesos de extradición intercomunitaria, y aplacar la ira del juez lord Roger Thomas, quien presidió el recurso de apelación junto con el magistrado Ross Cranston.
Máxima autoridad de la judicatura inglesa, lord Thomas denunció con vigor su "grave preocupación por el flagrante desprecio" mostrado por la Audiencia Nacional española hacia sus decisiones y la autoridad de la Corte Superior, con sede en Londres.
El propio juez invalidó la mencionada euro-orden en octubre de 2013 y negó la extradición del miembro de ETA, a quien entonces España reclamaba en relación con la 'doctrina Parot' sobre cómputo adicional de años en prisión por delitos terroristas.
La Audiencia Nacional española emitió una segunda orden de detención de Troitiño, por documentación falsa y reintegración en ETA, pero no retiró la original e ignoró las garantías que le exigió el Tribunal londinense a través de la fiscalía británica para rectificar el abuso procesal.
Lord Thomas interpretó hoy el desacato a su autoridad como un ejemplo de España "violando los derechos de la gente relacionada con ETA".
Este argumento sostuvo precisamente la defensa de Troitiño en su recurso contra el retorno forzado a España bajo sospecha, esta vez, de pertenencia a la organización vasca.
El abogado Marc Summers retomó las alegaciones expuestas en la corte inferior de Londres sobre "ingeniería legal" y presión política y pública como motor del "abuso de proceso" y "persecución" de su cliente.
El caso debería quedar listo para sentencia este jueves, una vez que España aporte garantías legales de la retirada de la primera euro-orden contra Troitiño y explique por qué no ha tratado de interrogarle por vídeoconferencia u otras vías alternativas en los 18 meses desde el fallo anterior del juez lord Thomas.
