De esta manera, tras varias semanas de polémica con intensas discusiones y la oposición frontal de la presidenta, Dilma Rousseff, el pacto entre el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) y el Partido de la Social Democracia de Brasil (PSDB) prevaleció sobre los intereses del Partido de los Trabajadores (PT) y demás organizaciones sociales que advirtieron del "retroceso" de la medida.
"El ciudadano de 16 años sabe muy bien la diferencia entre un acto lícito y otro ilícito. No podemos decir que un menor de 16 años no es imputable, es un absurdo", declaró durante la sesión de votación el artífice del texto, el expolicía y diputado del Partido Republicano, Laerte Bessa.
Por su parte, la diputada del PT, Margarida Salomao, replicó al diputado asegurando que "todos deseamos que disminuya la violencia, pero vista la escasa incidencia de la participación de jóvenes pienso que la reducción es una medida inadecuada".
Según este, solamente el 8,75% de los menores detenidos en el país, un total de 23.100 en 2013, respondieron por el crimen de homicidio, mientras que el 63,5% lo harían por delitos considerados menores, y que no entrarían en la reforma, como el robo o el tráfico de drogas, siendo este último considerado como el verdadero problema por detrás de la delincuencia juvenil en el país.
