Dado que la CIA no puede "patrocinar o llevar a cabo la investigación con seres humanos", la agencia estaría violando las directrices del Departamento de Salud en EEUU, que en virtud de los principios establecidos en 1978 por el Informe de Beltmont exige que "los individuos sean tratados como agentes autónomos" y obliga a que "todas las personas reciban un tratamiento ético, no sólo respetando sus decisiones y protegiéndolas de posibles daños, sino también esforzándose para asegurar su bienestar".
El documento obtenido por The Guardian y la UCLA amplía la polémica causada por la publicación a principios de junio de un artículo en The New England Journal of Medicine, firmado por los profesores de la Universidad de Boston George Annas y Sondra Crosby, y en el que se acusa a decenas de médicos y abogados estadounidenses de haber ideado, supervisado y/o participado en las torturas de la CIA, tanto en EEUU como en el extranjero.
