El archivo es consecuencia de las reformas judiciales que limitan en España la Justicia Universal, informan los medios.
David Couso, hermano y portavoz de la familia, ha asegurado hoy a Sputnik Nóvosti que van a seguir luchando para conseguir que se haga justicia.
En declaraciones con esta agencia nada más conocer el auto del tribunal, Couso ha afirmado que "vamos a continuar esta lucha".
"Esto no se acaba aquí y recurriremos ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo", ha dicho.
José Couso falleció el 8 de abril de 2003 en Bagdad como consecuencia de los disparos de un tanque estadounidense cuando cubría la guerra de Irak.
El cámara se encontraba trabajando en el hotel Palestina de Bagdad, donde se habían instalado más de 200 periodistas de todo el mundo, cuando el Ejército estadounidense abrió fuego sobre el edificio.
Tres informadores murieron y varios resultaron heridos.
Para David Couso, el archivo del caso se debe a la "tradición" de socialistas y conservadores, que "dinamitaron" con reformas en las leyes el derecho a la Justicia universal.
"Asesinar periodistas es bastante barato para muchos países", lamenta el hermano pequeño de Jose Couso, tras doce años de búsqueda de justicia "contra uno de los mayores Ejércitos del mundo, el imperio norteamericano, y contra una de las administraciones más potente" del planeta, "como la estadounidense", ha señalado a esta agencia.
El juez Santiago Pedraz afirma en su auto que tras la reforma de las leyes de jurisdicción universal, y especialmente de la última sentencia del Tribunal Supremo en el caso del Tíbet, ya no tiene margen para continuar la investigación.
Según el comunicado hecho público por la Audiencia Nacional, Pedraz destaca que la sentencia sobre el Tíbet ha sido dictada por el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y por "todos los magistrados que componen dicha Sala, sin que además concurra voto particular alguno, y además, en la fundamentación jurídica se dice (y se reitera) que la misma es extensible a procedimientos con similar fundamento".
Es una doctrina que, como argumenta Pedraz, tiene verdadera fuerza vinculante para los jueces y tribunales inferiores.
Pedraz "lamenta" dejar sin efecto la orden de detención internacional contra tres militares de Estados Unidos, procesados por los "delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, en concurso con delito de homicidio".
Tras la resolución del Alto Tribunal, según Pedraz, "el flexo no podrá mantenerse encendido" sobre los procesados.
A partir de hoy, los militares estadounidenses podrán viajar a otros países, incluso a España, "puesto que en los archivos policiales o de otra índole no va a constar tal búsqueda".
Solo en el caso de que se refugiaran en España se podría volver a actuar contra ellos.
Los acusados son el teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson.
