Según el ponente de la apelación, el juez Sidney Romano dos Reis, la indemnización por daños morales se justifica porque De Faria tuvo que exiliarse por la persecución que sufría y perdió el contacto con su familia, no pudiendo ni siquiera despedirse de sus padres, que murieron cuando aún estaba exiliada.
La sentencia marca un importante precedente para las víctimas de la dictadura militar brasileña (1964-1985), ya que a la falta generalizada de compensaciones económicas se une la dificultad para juzgar a los responsables de muertes, torturas y desapariciones, que en muchos casos ocupan destacados puestos en la política nacional.
La propia presidenta Dilma Rousseff, que fue encarcelada y torturada durante la dictadura, se mostró recientemente en contra de revisar la Ley de Amnistía para evitar el revanchismo, según dijo en la presentación del informe de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), que certificó que durante los "años de plomo" del régimen hubo 434 muertos o desaparecidos y 377 responsables.
