Los acreedores persiguen derribar al Gobierno griego

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A pesar de los esfuerzos de Atenas en las negociaciones de deuda para desbloquear un tramo de ayuda urgente del rescate que evite la quiebra del país y su salida del euro, sus acreedores mantienen una posición intransigente con el objetivo de derrocar al Gobierno actual, cree el miembro del Comité de auditoría de la deuda griega Daniel Albarracín.

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"El Gobierno Tsipras ha mostrado disposición a alcanzar un acuerdo incluso retrocediendo en sus líneas rojas, lo cual podría suponer aceptar algunas medidas para autoexigirse un superávit primario moderado, aumentar la edad efectiva de jubilación, aumentar el IVA o admitir nuevas reformas fiscales y en la seguridad social, pero las posiciones intransigentes de los acreedores no aceptan ni eso, porque persiguen derrocar financiera y políticamente a cualquier Gobierno de izquierdas", dijo.

Según Albarracín, "la presión es enorme": "en Syriza hay dos líneas, cada una de las cuáles guarda algún punto de razón", señaló en referencia a las tensiones internas en el partido gobernante.

"Pero el momento exige una postura unitaria y fuerte para lo que sería hacer frente a una decisión francamente difícil: o admitir entrar en la senda de una gestión de la austeridad, lo que implicaría una mutilación a plazos, o bien emprender un camino, que en principio es un paisaje desértico, y cuyo horizonte y dificultad es difícil de vislumbrar", agregó.

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Preguntado por las previsiones de algunos economistas y algunas agencias de calificación crediticia, este economista respondió que "estas personas e instituciones buscan precipitar acontecimientos y ocasionar un escenario de caos, que ponga en la picota al Gobierno de Syriza y crear la ocasión para un proyecto para Europa que parece estar larvándose desde hace un tiempo".

Un proyecto, concretó, "que podría adoptar la forma de una unión fiscal y política en términos poco democráticos y profundamente favorables a las élites financieras y oligarquías en general".

Para Albarracín, "en condiciones normales, Grecia debiera, sea bien por la insostenibilidad financiera sea bien por un ejercicio político de soberanía, plantear una suspensión de pagos, pero es que no estamos atravesando una situación normal".

"En primer lugar, el marco financiero creado en Europa está diseñado para generar, tal y como apunta Phillippe Legrain, una prisión de deuda", explicó.

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Una prisión de deuda es "una situación financiera en la que los países apenas tienen la opción de declarar impagos de ningún tipo, y en la que lo decisivo es que permanezca su dependencia financiera y que sigan acatando las condicionalidades y, por tanto, su política económica siga siendo dictada desde fuera de sus fronteras", aclaró el economista.

"En segundo lugar, habría que mencionar, la inmensa operativa generada en torno a los Memoranda de Entendimiento y los programas de ajuste de 2010 y 2012, que ha supuesto una enorme sustitución de acreedores", prosiguió.

Con esta operación, señaló este experto, "la exposición del riesgo de los inversores privados ha sido sustituida por la asunción del mismo por instituciones públicas mediante préstamos bilaterales, préstamos del BCE y del FMI, y especialmente el siniestro Fondo de Europeo de Estabilidad Financiera y su heredero el Mecanismo Europeo de Estabilidad".

"Con ello también los bancos norteamericanos —que son los que tienen los derivados en este caso- se han librado de tener que asumir los costes de pagar los seguros de impago de un default", agregó.

Se trata "de una socialización de pérdidas paneuropea, un mecanismo de integración económica desde las élites que han conseguido traspasar todo el sacrificio a los contribuyentes europeos", precisó Albarracín.

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"En tercer lugar, porque Grecia ha mostrado criterio propio y quiere desarrollar un programa de izquierda" y "eso queda fuera de la agenda de las élites europeas", que consideran que "ante el riesgo de que otros países pudiesen seguirle, es necesario desalojar al gobierno con medidas económicas y financieras extraordinarias", comentó.

Las instituciones acreedoras "ya plantearon un dilema a Tsipras: o sigues de primer ministro y apartas a la minoría de tu partido y sumas a Pasok (socialidemócratas) y Topami (centro) a tu Gobierno, o sigues de líder de Syriza, pero no las dos cosas al mismo tiempo", explicó el economista.

"El propósito es generar un periodo de caos financiero y penuria económica que quiebre la confianza del pueblo griego en sus gobernantes", aseveró.

Albarracín no cree que, pese a todo, el primer ministro griego vaya a convocar nuevas elecciones.

"No creo que el Gobierno griego se inmole con nuevas elecciones, pues tiene otras opciones, tales y como podría ser convocar un referendum sobre las condiciones de devolución de la deuda, que permitiese explicar el escenario que se abriría, de dificultades pero también de ejercicio de soberanía", dijo.

Pero esto, añadió, "es algo que puede decidir el Gobierno de Syriza al comprobar la intransigencia de sus acreedores que no aceptarán reestructuraciones del principal y menos aún que se discutan sus condicionalidades".

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