"El actual sistema educativo universitario chileno surgió del esquema privatista de la dictadura de Pinochet en los años 80", explicó a Sputnik Nóvosti la directora del Instituto de la Comunicación e Imagen, María Olivia Mönckeberg.
Aclaró que este sistema, "si bien dice que las universidades no se pueden lucrar, lo cierto es que el lucro no está tipificado como delito".
"Al Gobierno le queda un largo camino por recorrer si quiere acabar con ello mediante la reforma anunciada", afirmó Mönckeberg.
Doce universidades investigadas
Los estudiantes chilenos comenzaron a denunciar las prácticas de lucro a partir de las grandes movilizaciones de 2011, consiguiendo que el problema se instalara en el debate público y aún hoy continúan luchando por un sistema más justo.
El exdirigente estudiantil y ahora diputado independiente Gabriel Boric responsabiliza de esta situación al Gobierno, por haber permitido que la educación en Chile "sea un negocio y no un derecho", aseguró a Sputnik Nóvosti; por esa razón se levantaron en las calles y siguen ahora luchando en el Congreso.
"Es escalofríante: me toca conocer a diario casos de familias enteras que quedaron endeudadas, que tuvieron que vender sus bienes y hasta perdieron sus casas por tratar de alcanzar el sueño de que sus hijos estudiaran en la universidad", lamentó Boric.
Falta de control
El diputado independiente consideró que hay una falta de control "casi absoluta" en el sistema de educación superior y que tanto universidades como Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica operan bajo la lógica del mercado sin ninguna orientación estratégica desde el Estado.
La sensación de muchos estudiantes chilenos es que son tratados como clientes y que el sistema obliga a las instituciones a competir por recursos, incluidas las estatales.
Como solución, Boric propone desmantelar el mercado de la educación e instalar un nuevo modelo, "inclusivo, abierto, garante de derechos, público, gratuito y de calidad".
"Hemos sido muy claros. Primero, debe prohibirse el lucro en todas las instituciones educacionales. Segundo, el estado debe tener un trato preferente con sus instituciones para fortalecer la educación pública. Por último, las reformas deben ser realizadas en conjunto con los actores sociales que nos hemos movilizado: estudiantes, profesores, rectores…", añadió el diputado a Sputnik.
En el marco de la reforma educativa que está llevando a cabo el Gobierno chileno, la educación superior es uno de los pilares fundamentales, tanto que la presidenta Michelle Bachelet marcó como objetivo prioritario que al término de su mandato el 70% de los estudiantes tenga gratuidad en la Universidad y que en seis años se llegue al 100%.
De momento, los universitarios siguen en pie de guerra y ya han anunciado que seguirán movilizándose.
