Según Terradellas, el proceso soberanista, "por su extensa participación social y sus sólidos principios democráticos, marca una nueva doctrina en el ejercicio de los derechos humanos en su dimensión colectiva", y por ese motivo "cualquier actor internacional debe conocer y reconocer un proceso que aúna estas características".
Este miércoles, el presidente de la Generalitat volvió a defender la hoja de ruta soberanista pactada con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y subrayó que sigue abierta a otras formaciones.
En caso de existir una mayoría de diputados catalanes a favor de la independencia, según marca la hoja de ruta firmada, "se iniciará un período de transición de 18 meses en los que negociaremos con el Gobierno español, con la necesaria intermediación internacional, todas y cada una de las cuestiones que afectan al proceso de independencia", recordó Terradellas.
En cuanto al distanciamiento de los líderes europeos, dijo que su formación entendía "la cautela de los líderes políticos europeos en la medida que debe ser la sociedad catalana, a través de sus legítimos representantes, aquella que debe decidir el momento y el lugar de una acción política determinada que conlleve, en ese momento, la necesidad de un pronunciamiento internacional".
"Hasta que no se produzca dicha acción política, nuestra tarea se orienta a mantener informados a los diferentes líderes europeos, y a reivindicar y promover las condiciones democráticas necesarias para garantizar que la sociedad catalana se puede expresar con libertad acerca de su futuro", agregó.
"No comparto esa idea de que exista una crítica en ese sentido", afirmó.
El portavoz explicó a esta agencia que "en Cataluña existe un acuerdo transversal entre el partido del Gobierno, CDC, y el principal partido de la oposición, ERC, para llevar a término unas elecciones plebiscitarias el próximo 27 de septiembre", una opción, aclaró, "que no ha sido ratificada por otras formaciones políticas pero sí cuenta con el soporte explícito de otras fuerzas relevantes en el parlamento de Cataluña, como es el caso de la CUP (Candidatura d'Unitat Popular)".
Añadió que "no debe olvidarse que la consulta sobre la independencia que tuvo lugar en Cataluña el pasado 9 de noviembre conllevó acciones por parte de la Fiscalía del Estado que han conllevado que el propio presidente Mas y dos de sus consejeros (ministros) se encuentren imputados".
"Uno y otro hecho son suficientemente explicativos del nivel de compromiso de CDC en su acción política al frente del Gobierno de Cataluña", concluyó.