La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal ordenó a la Secretaría de la Función Pública realizar auditorías sobre los contratos vigentes con la filial de la empresa en México.
La auditoría tiene el objetivo de "corroborar apego a la legalidad y transparencia de las licitaciones", indica un breve comunicado de la secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La decisión del Gobierno de Enrique Peña Nieto fue anunciada después de revelarse, la primera semana de mayo, las primeras llamadas telefónicas relacionadas con obras en el Estado de México –limítrofe con la capital federal- y directivos de OHL México.
Wallentin y Fernández conversan en la llamada difundida sobre los mecanismos de corrupción para modificar la concesión de una autopista del Estado de México, un enclave histórico del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que fue gobernado por el presidente Peña Nieto antes de lanzar su carrera por la presidencia en 2012.
Las nuevas grabaciones corresponden al 16 de enero de 2015 y también revelan la trama de pagos ilegales sobre el uso de terrenos para obras en el municipio de Tepalcapa, en el mismo Estado.
"¿Cuánto hay que darle a los magistrados?", pregunta Walletin; "pues yo creo que una manita", le responde Fernández, quien menciona el pago de los sobornos "como siempre", los cuales deberían ser autorizado por José Andrés de Oteyza, presidente de la empresa en México.
Las primeras grabaciones difundidas en internet entre altos cargos de OHL en México a principios de mayo tramando sobreprecios y plazos falsos de contratos multimillonarios han escandalizado a la opinión pública y los mercados financieros, afectando a las acciones de la compañía.
La constructora española OHL tiene una deuda a largo plazo en México por 2.300 millones de dólares (34.520 millones pesos), casi 30% más en tres años, de acuerdo con un informe difundido a mediados de este mes de mayo.
Además, la compañía está bajo investigación de la Bolsa Mexicana de Valores por el escándalo de una trama de sobreprecios.