El organismo que vela por la neutralidad en las elecciones justifica la decisión porque la "entidad denunciante no ha acreditado mínimamente la utilización partidista por parte de los poderes públicos de estos símbolos" heredados de la dictadura de Francisco Franco.
La entidad estatal considera que estas banderas representan solo las aspiraciones "de una parte de la sociedad catalana, pero no de toda" y los poderes públicos "no pueden tomar partido en las elecciones".
La Junta, sin embargo, no considera necesario hacer lo mismo con las 3.647 muestras de simbología franquista que, según el Censo de Simbología de Cataluña realizado por el Memorial Democrático del Gobierno catalán, todavía permanecen a la vista en la región catalana, a pesar de cumplirse casi 40 años de la muerte del dictador.
"Es una imposición antidemocrática que va en contra del sentimiento mayoritario de la gente que vive en éste o en otros pueblos de Cataluña", afirmó Verdaguer.
En el caso de este municipio, de cerca de 2.500 habitantes en la provincia de Barcelona, todos sus concejales pertenecen a formaciones independentistas, que decidieron por unanimidad colgar una bandera independentista catalana.
"Los ciudadanos de este municipio respetan la bandera española, como respetan la de otros países, pero no se sienten identificados con ella, de hecho, a las pocas horas de tenerla colgada del ayuntamiento, la robaron, y la segunda igual; ya vamos por la tercera bandera española, ésta es la demostración de que el pueblo no la quiere", explicó el alcalde.