El proceso es visto por buena parte de la población como un intento de finiquitar la herencia de su hermano Thaksin, también ex primer ministro y adorado por las clases menos favorecidas del país asiático.
"Confío en mi inocencia, espero que el tribunal imparta justicia y que todo vaya acorde a la ley", ha dicho a la prensa Yingluck.
La hermana menor de Thaksin ha tenido que pagar una fianza de 30 millones de bahts (900.000 dólares) y el tribunal ha prohibido que salga del país sin permiso.
En el juicio, que seguirá el 21 de julio, se decidirán los cargos de negligencia por su controvertido plan nacional de subsidios de arroz que le costó al país pérdidas millonarias.
El plan aprobado en 2011 consistió en comprar el arroz a los campesinos a precios superiores al del mercado y esperar a que subiera de valor.
Los críticos a Shinawatra defienden que el objetivo era contentar a las masas de votantes pobres y que acabó dañando las exportaciones y almacenando grandes cantidades de arroz que el Gobierno no podía vender sin perder dinero.
El precio del arroz acabó devaluándose y Tailandia dejó de ser el primer exportador global.
Sus oponentes sostienen que Yingluck utilizó la mayoría absoluta para enriquecerse y debilitar las instituciones democráticas, mientras sus defensores ven en el juicio la última maniobra de la élite económica para privarles de los dirigentes que eligen.
Shinawatra ocupó el poder entre 2011 y 2014, cuando fue obligada a abandonarlo por las acusaciones de abuso de poder formuladas por el Tribunal Constitucional.
Una junta militar gobierna desde entonces el país asiático, inmerso en una crisis política y social desde que Thaksin fuera forzado a dimitir en un golpe de estado en 2006.
Los partidos apadrinados desde el exilio por el multimillonario Thaksin han ganado todas las elecciones pero golpes militares o decisiones judiciales les han apartado del poder.