Rabat ha informado a la ONU su "rechazo a cualquier acto diseñado unilateralmente para delimitar la plataforma continental", según informa hoy el diario El País.
El Gobierno español presentó el pasado 17 de diciembre ante Naciones Unidas un plan para aumentar la plataforma continental española al oeste de las islas Canarias en 296.500 kilómetros cuadrados, el equivalente al 60% del territorio emergido de España.
"Es la mayor ampliación de la soberanía nacional desde Cristóbal Colon" afirmó entonces Luis Somoza Losada, del Instituto Geológico y Minero de España, de una zona atlántica donde "hay gas".
Portugal reclama, desde hace cinco años, 10.000 kilómetros cuadrados de la misma zona que pide España.
La reivindicación española tiene "una peculiaridad al afectar a las aguas del Sáhara Occidental, un territorio no autónomo bajo la supervisión del Comité de Descolonización de la ONU y que ocupa Marruecos desde que España se marchó en los setenta", recuerda el diario.
El Gobierno marroquí que se aprovecha de este limbo, "se ha atribuido como propias las aguas saharauis y ha protestado ante la ONU".
En su respuesta, España muestra "su disposición a delimitar con Marruecos, Portugal (hay otra zona de la ampliación que entraría en aguas portuguesas) o cualquier otro Estado ribereño sus espacios marinos".
En 2009, el anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ya avanzó sus planes de ampliación de la plataforma continental ante la ONU.
El documento registrado entonces en Nueva York apuntaba a que, en la zona sur, la extensión "podría superponerse con una eventual ampliación (…) de la plataforma continental del margen saharaui".
Y se indicaba que "esta disputa se resolvería en el futuro con una negociación bilateral entre Estados, sin especificar el país", escribe el diario.
Pero el texto definitivo presentado en diciembre suprimió toda referencia expresa al Sáhara.
Solo se mencionaba "los derechos de terceros que puedan ser reclamados en su día".
Ante la protesta de Rabat, España ha reiterado en su contestación que "respeta plenamente el Derecho Internacional y en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar".
