En entrevista con Sputnik Mundo, la coordinadora de la campaña de Alimentación y Agricultura de Greenpeace Brasil, Gabriela Vuolo, catalogó como "un grave retroceso" la aprobación del proyecto y denunció la presión ejercida por los sectores del agronegocio en el Congreso brasileño.
"Se trata de un grave retroceso para Brasil y un gran triunfo de los diputados del Congreso que representan los intereses de las industrias del agronegocio", explicó Vuolo en referencia al promotor del proyecto, el diputado del Partido Progresista (PP), Luís Carlos Heinze.
Escogido en 2014 por la ONG británica, Survival International, como "Racista del Año" por sus declaraciones hostiles a ciudadanos brasileños negros e indios, Heinze es además el expresidente del Frente Parlamentario del Agronegocio (FPA) y uno de los grandes terratenientes en el estado de Río Grande do Sul, que se encuentra entre las principales regiones productoras de soja transgénica.
Preocupada, la activista insistió que en los últimos 12 años los sectores de la llamada "banca ruralista" (diputados con intereses en el agronegocio), se estarían fortaleciendo en el Congreso de Brasil, lo que habría llevado a una "sumisión de la legislación alimentaria a los intereses de los grandes exportadores de cereales transgénicos" que, según afirma, "se corresponden con los grandes financiadores de las campañas electorales".
Además, Vuolo alerta que el nuevo etiquetado hará que Brasil pueda exportar libremente productos a base de transgénicos a terceros países, "en especial a países en vías de desarrollo en los que las exigencias sobre el control de transgénicos son menores" y que "el 90% de la soja de los 45 millones de toneladas de soja que exporta Brasil al mundo es transgénica".