"Esta decisión judicial es muy importante para todos los saharauis porque corrobora lo que llevamos años denunciando, pero queremos que termine el proceso y que los culpables sean juzgados", asegura en declaraciones a Sputnik Nóvosti Abdulah Arabi, delegado del Frente Polisario en Madrid.
El auto del magistrado afirma que entre 1975 y 1992 hubo un genocidio en el que también se produjeron casos de detenciones ilegales, torturas o desapariciones forzadas.
Arabi destaca la "responsabilidad" de España en esta cuestión porque se trata de ciudadanos que hasta 1975 eran españoles.
Este auto pone fin a 40 años de impunidad, según el delegado saharaui.
"Se señala a los culpables de estos crímenes, queda probado el genocidio y además se destaca que realmente estamos ante la ocupación ilegal de un territorio donde se pretendía aniquilar al pueblo autóctono", afirma.
Sin embargo, cree que el gobierno marroquí y español pueden intentar paralizar el proceso.
"Intentarán paralizar el caso, recurrir a sus artimañas o presentar otra querella, para callar, silenciar y crear confusión en la opinión pública", asegura.
El motivo es para mantener las relaciones bilaterales entre ambos países.
Marruecos, señala, "intentará utilizar una política de chantaje y España accederá a ello como ha hecho hasta ahora".
"El Gobierno de España siempre ha supeditado sus intereses económicos con Marruecos en detrimento de la justicia con el pueblo saharaui, y esta vez no será menos, aunque ojalá nos equivoquemos", asegura.
Sin embargo, se muestra convencido que, de cara a la opinión pública, están probados estos crímenes de lesa humanidad porque el auto se basa, entre otras cosas, en pruebas de forenses españoles que se han desplazado hasta el Sáhara y han descubierto fosas comunes.
"Estamos ante un hecho histórico", afirma Arabi, que se muestra esperanzado por la situación política que se vive en España.
Esta situación, cree, "podría ser la oportunidad para que esta querella siga su camino".
El Frente Polisario, que pide la liberación del Sáhara Occidental, ya ha denunciado estos crímenes en tribunales europeos, para que tenga repercusión internacional.
Sin embargo, la causa abierta por Ruz es la primera que ha llegado a señalar a los culpables y hablado con los testigos.
"Algunas de las personas señaladas ahora como responsables de este genocidio han estado en España y Francia condecorados por los Gobiernos como garantes de la libertad y la democracia, por eso es tan importante sacarlo a la luz", explica.
