El Gobierno mexicano "reconoce que la tortura constituye una práctica a la que todavía se recurre en distintas formas y que no ha sido del todo erradicada", de manera que forma parte de los retos que el Estado mexicano asume y enfrenta a diario, indica un extenso posicionamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
A pesar de que el Gobierno de Enrique Peña Nieto valoró positivamente la visita y las recomendaciones del Relator, manifestó que el Código de Conducta de la ONU obliga a los funcionarios al expresar sus opiniones a "indicar también con imparcialidad las respuestas proporcionadas por el Estado de que se trate".
Catalogar la posición de la Cancillería mexicana "como presión va contra el espíritu y la letra de este Código", indica el documento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza el canciller Antonio Meade.
"Existen discrepancias con algunas de las valoraciones vertidas por el Relator, tanto en el informe como en las declaraciones que le han seguido", plantea el Gobierno mexicano.
La principal discrepancia es que Méndez valora que en México "existe una práctica generalizada de la tortura, en un contexto de impunidad, que involucra a todas las fuerzas del orden".
¨Esta valoración no corresponde a la realidad", sostiene el Gobierno mexicano.
El Relator define el término "generalizado" como actos que no son "aislados", pero esta conclusión "contrasta con la definición ordinaria del término y con su acepción jurídica internacional", argumenta la Cancillería.
Otra "inconsistencia" radica en una de sus declaraciones según la cual el Relator recogió cientos de testimonios, incluidos niños y niñas, que dijeron haber sufrido actos de brutalidad durante su detención.
"Esta afirmación no se sostiene en lo descrito por el Relator en su informe, en el cual hace referencia únicamente a pobres condiciones de infraestructura y malos tratos, pero en ningún momento se refiere a tortura", puntualiza el documento.
México reivindica finalmente las contribuciones del país en favor de un mejor sistema multilateral en la esfera de los DDHH, tanto en las ONU como la Organización de los Estados Americanos (OEA), y que se mantendrá abierto al escrutinio internacional.
De esta forma "la secretaría de Relaciones Exteriores da por concluido este diferendo", termina la respuesta de México.
