La organización ecologista hizo una performance con varios activistas en la que simulaban estar amordazados frente al Parlamento exhibiendo pancartas en las que se podía leer "No a las leyes mordaza".
Las organizaciones de derechos humanos y los partidos políticos de la oposición consideran que la nueva normativa limita varios derechos fundamentales, como es el caso del derecho a manifestación y reunión, y un ataque contra las libertades individuales.
"El Partido Popular y el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se han mostrado sordos ante el unánime rechazo social y político por las graves repercusiones sobre algunos derechos fundamentales que tendrán la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal", señala Greenpeace en un comunicado.
La organización ecologista alerta de que la presunción de inocencia "ha muerto" y el "principio de veracidad" de las fuerzas del orden público traerán un nuevo contexto de consecuencias desconocidas.
Otras organizaciones como Amnistía Internacional (AI) o expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) también expresaron su preocupación.
"Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España", aseguraron en un comunicado los relatores espaciales de la ONU Maina Kiai, David Kaye, Ben Emmerson, François Crépeau y Michel Forst.
AI también denunció en declaraciones a Sputnik Nóvosti que la Ley de Seguridad Ciudadana "no protege el derecho a la protesta, sino que castiga la disconformidad".
La nueva ley prevé sanciones de hasta 600.000 euros para infracciones muy graves, como participar en "reuniones o manifestaciones, no comunicadas, en instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones".
Eso significa que una protesta frente a un hospital o un campus universitario estará prohibida si no se comunica previamente, y en zonas próximas al Congreso de los Diputados, Senado o Parlamentos regionales no estará permitida.
Además, los periodistas cada vez tendrán mayores dificultades para grabar abusos por parte de la policía, especialmente en reuniones y manifestaciones, según denuncia AI.
"Se enfrentan a una labor arriesgada y muchas veces incluso les confiscan el material", aseguró María Serrano, responsable y portavoz de AI para la política interior, en declaraciones a esta agencia.
Con esta ley, continúa, "la policía estará mucho más amparada para hacer esto y el periodista estará totalmente desprotegido, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siempre van a contar con la presunción de veracidad".
Otro de los aspectos más criticados de esta norma es la legalización de las llamadas "devoluciones en caliente".
Éstas consisten en que, a pesar de que el inmigrante ya ha pisado suelo español, son entregados a las autoridades marroquíes sin darles la oportunidad de pedir asilo o exponer las circunstancias que le han llevado a saltar la valla de Ceuta o Melilla, las dos ciudades españolas en el norte de África.
