En las últimas semanas la Secretaría de Trabajo ha rescatado a "más de 400 personas en condiciones de explotación, pertenecientes a grupos vulnerables".
El rescate más reciente ocurrió esta semana, cuando fueron localizados 49 pobladores de la etnia mixteca, entre ellos 13 menores, llevados desde las montañas de Guerrero a campos de siembra de pepino en Colima (estado frente a las costas del Pacifico), que "laboraban en condiciones de explotación", indica un informe del Gobierno.
"Durante la inspección se encontraron a menores trabajando en las líneas de carga y logística; además, los jornaleros y sus familias, originarios del estado de Guerrero, trabajaban en condiciones insalubres con riesgo inminente para su salud de jornaleros y niños, ante las inclemencias de las altas temperaturas del lugar y sin ningún tipo de protección para estas circunstancias", afirma el documento.
Un grupo de cerca de 80 personas (hombres, mujeres y niños), con edades de entre uno y sesenta años, fueron "enganchados" por un hombre de la comunidad indígena mixteca, Feliciano Martínez, para llevarlos a campos agrícolas de Colima, Jalisco, Michoacán y Sinaloa, ofreciéndoles productos básicos para su supervivencia a cambio del trabajo.
Los jornaleros recibían un pago de 3 pesos (unos 20 centavos de dólar) por cada cubeta de pepino, trabajando 10 horas desde las 06:00 de la mañana hasta las 16:00 de la tarde, cuando el calor les impedía continuar con el trabajo.
Los jornaleros agrícolas "no cuentan con ninguna prestación de ley, no se les proporcionan alimentos suficientes y adecuados e incluso los materiales para construir sus precarias viviendas eran sufragados de sus propios ingresos", denunció Navarrete.
Las redes que contratan a esas poblaciones vulnerables cometen varios delitos: trabajo infantil, en su modalidad de trabajo forzoso; trabajo agrícola expuesto a plaguicidas y pesticidas, carencia total de equipo de protección, seguridad social y capacitación; y ausencia de control en el manejo de sustancias químicas.
A lo largo de 2015, Trabajo ha realizado más de 12.000 inspecciones a campos donde trabajan más 1,18 millones de trabajadores, y aplicado unas 43.600 "medidas de aplicación y corrección", así como sanciones por 140 millones de pesos (casi 10 millones de dólares) a empresas con violaciones graves o reiteradas de la normativa laboral.
El caso anterior a Colima fue el de unas 200 trabajadoras costureras de una empresa coreana en Jalisco y 200 indígenas de la etnia rarámuri en Baja California Sur, procedentes de la sierra Tarahumara.
En México, casi el 50% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, y de esa cifra, más del 10% padece pobreza extrema o miseria, una estadística similar al porcentaje de población total indígena del país, haciendo coincidir el mapa de la pobreza con las zonas aborígenes del país latinoamericano.