De hecho, solamente el 55% de los brasileños sería proclive a ceder sus datos al Gobierno a pesar de que este obtuviese una orden judicial, mientras que el 29% cree que la población debería exigir el fin del espionaje tecnológico por parte de los gobiernos.
En países como Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Holanda o Estados Unidos, en cambio, el índice medio de rechazo a que el gobierno intercepte los datos de telefonía o internet se estimó según YouGov en torno al 59%, y solamente Alemania superaría el rechazo de los brasileños con un 81%.
Sin embargo, la resistencia de Brasil al espionaje cibernético podría explicarse a raíz del incidente diplomático desatado en junio de 2013 cuando el exagente de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas inglesas) estadounidense, Edward Snowden, reveló que la agencia estaría espiando millares de llamadas y correos electrónicos de los ministerios de Brasil e incluso de la presidenta, Dilma Rousseff.
La repercusión del caso fue tal que causó un congelamiento de las relaciones diplomáticas entre Brasil y EEUU, llegando a hacer fracasar negocios millonarios como la renovación de los aviones de combate de las Fuerzas Aéreas de Brasil (FAB).
Los militares de Brasil, ofendidos por la injerencia de EEUU, acabaron rechazando la oferta de adquirir 36 aparatos F-18 Super Hornet de la empresa estadounidense Boeing por 5.400 millones de dólares, declinándose a favor de los económicos Gripen NG suecos por 4.300 millones de dólares.
Por todo ello, AI lanzó esta semana la campaña #Unfollowme que pretende movilizar el debate sobre el espionaje a los ciudadanos en todo el mundo y con ellos presionar para que los gobiernos impidan el uso indiscriminado de la tecnología para el espionaje en masa.
