La suspensión en diciembre de 2014 de las prestaciones sociales "ha agravado drásticamente los apuros de los residentes locales, afectando seriamente su acceso a los alimentos y servicios básicos", alerta el documento que hace referencia al período entre el 7 y el 13 de marzo de 2015.
También denuncia el impacto negativo de las restricciones a los viajes impuestas en la región por el Gobierno ucraniano.
Estas restricciones, indican, "han provocado importantes retrasos en el suministro de ayuda humanitaria, incluyendo medicamentos y equipamiento sanitario, a la población civil de las áreas no controladas por el Gobierno".
La OCHA cita un informe reciente de la ONG Human Rights Watch que revela que los pacientes con VIH, tuberculosis así como drogodependientes "se enfrentan a interrupciones en el tratamiento" del que dependen sus vidas.
El informe del organismo internacional denuncia además una carencia "crítica" de fondos para la asistencia humanitaria a la población de Ucrania, con tan solo un 15% recolectado de los 316 millones necesarios para atender esta tarea.
Por último, el texto constata que entre el 7 y el 15 de marzo el alto el fuego se respetó "en general", aunque se produjeron "casos aislados de uso de armas ligeras y morteros" e informaciones sobre nuevas víctimas.
"El balance oficial de muertos continúa en aumento debido a que se recuperan nuevos cuerpos sin vida", señala, al agregar que todavía faltan datos sobre la cifra total de fallecidos en Debáltsevo y el aeropuerto de Donetsk.
Para el 12 de marzo, según la OCHA, el conflicto de Donbás causó 5.943 muertos y 15.309 heridos, así como más de 1,1 millones de desplazados internos registrados.
El número de refugiados ucranianos con asilo, permiso de residencia u otras formas de estancia legal asciende ya a 743.000 personas, 607.900 de las cuales se encuentran en Rusia y 80.900 en Bielorrusia.
