En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Catalá alegó que los hechos que imputa la jueza María Servini a los exministros de "haber firmado condenas de muerte" bajo la dictadura de Francisco Franco no eran "delitos, porque en esa época "ya superada" era un castigo admitido por el Código Penal.
El ministro arguyó también que el Código Penal actual fija en 15 años la extinción de las responsabilidades y que, por tanto, cuando Servini empezó el proceso en 2014, ya estaba "absolutamente prescrita" la presunta responsabilidad criminal.
Precisamente hoy la sección en Argentina de Interpol ha cursado de nuevo un comunicado "muy urgente" a su sede en Madrid para solicitar la detención preventiva para la extradición de veinte personas investigadas por los crímenes del franquismo.
Servini imputa a Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979), a Utrera Molina, suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, a otros políticos de la dictadura, exmiembros de las Fuerzas Armadas, exjueces y hasta un antiguo ginecólogo.