"Consideramos que esta medida asumida por el Gobierno es altamente inconstitucional", expresó Skarphedinnson, que ocupaba la cartera de Exteriores de Islandia en 2009, en el momento en que fue presentada la solicitud de este país para integrarse en la UE.
Este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores de Islandia anunció que su Gobierno ya no considera el ingreso de este país en la UE, y no tiene intenciones de reanudar las negociaciones al respecto.
El ministro de Exteriores de Islandia, Gunnar Bragi Sveinsson, declaró que había anunciado esta decisión a Letonia, que ocupa la presidencia pro témpore de la UE, y a la Comisión Europea.
Skarphedinnson argumenta que esta decisión fue tomada por el Gobierno sin consultar al Parlamento, hecho que contraviene la Constitución del país, por lo cual el ejecutivo "ha excedido sus prerrogativas constitucionales".
"Consideramos que se trata de un ataque a la soberanía del Parlamento, (esta decisión) no se consultó con la Comisión de Relaciones Exteriores", declaró el excanciller.
Según Skarphedinnson, el Gobierno evitó discusiones en el Parlamento porque teme no lograr la mayoría que avale la propuesta para detener las negociaciones sobre la integración en la UE.
El exministro de Exteriores de Islandia señaló que la oposición está unida en el deseo de impugnar esta decisión del Gobierno, al anunciar un debate para el próximo lunes.
"La retirada de la solicitud al ingreso en la UE será discutida, toda la oposición está unida y exige una reunión especial del Parlamento" declaró el parlamentario.
Skarphedinnson explicó que la oposición está compuesta, además de la Alianza Social Demócrata, por el partido de los Verdes, el Partido Pirata y el partido Bright Future.
Las encuestas de 2014 indican que la oposición en Islandia es más fuerte que la coalición gobernante, al ejercer una mayoría del 60%.
Islandia presentó la solicitud de ingreso a la UE en 2009, a raíz de la crisis financiera.
Las negociaciones formales para la adhesión de Islandia en el bloque regional comenzaron en 2010.
Sin embargo, tras las elecciones de 2013, el Gobierno de coalición, formado por los partidos progresistas e independentistas, decidió abandonar este proceso, hecho que provocó protestas públicas.