Horas después del incidente, que tuvo lugar el pasado 9 de agosto, sus calles sufrieron los más violentos disturbios raciales en EEUU de los últimos 20 años.
Adelantado en parte por el New York Times el pasado lunes, y con fecha de publicación oficial inminente, el informe, empeño personal del fiscal general, Eric H. Holder, cuestionará de raíz la actuación policial en un suburbio en el que la mayoría afroamericana, el 60% de la población, sufre el 93% de los arrestos y recibe el 90% de las multas, mientras que los ciudadanos de origen caucásico, el 30%, apenas suman, respectivamente, el 7% y el 10% restantes.
Las causas de tan escandalosa disparidad, según el Departamento de Estado, son, principalmente, de tipo racista. Hasta el punto de que los propios policías, añade el Times, "hacían circular chistes racistas en sus cuentas de correo oficiales".
Para lanzar semejantes acusaciones el Departamento de Estado, recuerda el periódico neoyorquino, ha realizado miles de entrevistas y analizado decenas de miles de atestados, denuncias y expedientes.
A los responsables políticos de Ferguson no les quedará más remedio que pactar y aplicar las enmiendas que propongan los expertos, combatir los viejos hábitos, repensar los entrenamientos, aplicar una política de tolerancia cero para los abusos, etc. O bien enrocarse, y permitir que la ciudad sea demandada y haga frente a una multa en potencia millonaria.
El problema, como explicaba a Sputnik el pasado enero el activista Rick Rios, colaborador de Latino Rebels, es que muchas veces los responsables de implementar medidas que mejoren la actuación de los cuerpos policiales se consideran exentos de cualquier responsabilidad. Si hay violencia es culpa de los ciudadanos, que no saben comportarse ante los agentes del orden.
Todo esto mientras el país digiere la noticia de que el pasado domingo un mendigo de nacionalidad francesa, Charley Saturmin Robinet, murió en Los Ángeles a consecuencia de los disparos de la policía. Supuestamente estaba desarmado, y por otro lado se ha dicho que Robinet era un delincuente con un nutrido historial delictivo que incluía atracos a bancos.
Pero para gente como Rios es ya imposible confiar en la policía.
"¿Cómo vamos a hacerlo, se preguntaba, si ni siquiera informa de lo que hace?". Se refería al hecho de que en EEUU, país amante de las estadísticas, no existen datos oficiales respecto al número de ciudadanos muertos anualmente como consecuencia de la actuación de la policía.
Los departamentos de policía no están obligados a facilitarlas. En consecuencia resulta muy complicado recabar las cifras reales, cotejar su evolución en el tiempo o comprobar en que han quedado las investigaciones internas. Pesquisas, dicho sea de paso, que suelen realizar los propios departamentos de policía local objeto de las denuncias.
