El presidente Enrique Peña propondrá al Congreso de México a la senadora Arely Gómez como nueva Fiscal General del país latinoamericano, adelantó el conductor del noticiario estelar de la cadena Televisa, Joaquín López Dóriga.
Murillo será nombrado como secretario de Desarrollo Agrario del gabinete de Peña, cargo que abandonará Carlos Ramírez, para postularse a diputado federal del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), según la mayor televisora mexicana.
El anuncio fue hecho luego que la senadora Gómez solicitó licencia al Senado para separarse de sus funciones legislativas, para asumir el cargo de subprocuradora de Asuntos Internacionales de la PGR, desde donde ascendería al cargo más espinoso de la actual administración.
La legisladora hizo un discurso de despedida en el Congreso, donde era la responsable de los temas de transparencia y anticorrupción, en el cual definió que los retos de la Procuraduría (Fiscalía Federal) son: derrotar la impunidad, buscar la reinserción social de delincuentes y lograr establecer un nuevo sistema penal acusatorio.
El 28 de enero pasado, Murillo anunció: "hay certeza legal y probabilidad de que los normalistas de Ayotzinapa fueron muertos", en una conferencia en la cual presentó un video que resume el horror del perturbador caso.
"Es una investigación con sustento científico fundamental", dijo entonces Murillo, quien enfatizó que las conclusiones no solo se basan en la identificación de uno de los estudiantes por el análisis de ADN en un laboratorio de Austria, de restos triturados y calcinados, sino en todas las pruebas periciales, vídeos y confesiones de los verdugos, quienes destruyeron los despojos.
"El análisis lógico causal indica que los estudiantes fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y sus restos arrojados al río San Juan, es la verdad histórica basada en la ciencia", dijo aquel día Murillo.
La investigación concluye que el grupo de narcotraficantes de Guerreros Unidos (una rama del mermado cartel de los hermanos Beltrán Leyva) participaba en una trama delincuencial en la cual "participaban, delincuentes y servidores públicos, especialmente policías encabezados por el alcalde de Iguala (estado de Guerrero, 200 km al sur), José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda", ya en prisión, con casi un centenar de detenidos por el caso.
La versión es similar a la primicia que ofreció a esta agencia el sacerdote Alejandro Solalinde, tres semanas después del secuestro masivo, basado en confesiones de testigos, al premio nacional de DDHH.
A los 43 estudiantes secuestrados por policías y narcotraficantes en Guerrero "los mataron", y a algunos "los quemaron vivos", dijo con base en testimonios de testigos el sacerdote Solalinde, en entrevista con la agencia Sputnik Nóvosti.
"Estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diésel.
Eso se va a saber, dicen que hasta les pusieron madera, algunos de ellos estaban vivos, otros muertos", dijo el sacerdote, de 69 años, quien dirige un albergue para migrantes ilegales en Oaxaca.
Sin embargo los familiares consideran que la investigación oculta algunos temas, como la presunta participación del ejército; y la quema de los cuerpos de sus hijos en un basurero les parece inverosímil.
Unas 5.000 personas marcharon este jueves por la Avenida Reforma a la residencia presidencial de los Pinos sin incidentes, al cumplirse cinco meses de la masacre.
