"Pedimos a los senadores que se opongan a la legalización de las devoluciones sumarias, una práctica claramente ilegal", señala Amnistía Internacional.
Esta cuestión se debatirá en los próximos días en el Senado en el marco de la tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza.
La entrega de las casi 100.000 firmas se produjo tras un acto de homenaje y recuerdo a las 15 víctimas fallecidas hace hoy un año en Ceuta, mientras intentaban cruzar la frontera de Marruecos a España.
Media docena de entidades las acompañaron en un acto en el que denunciaron que, un año después de la tragedia, todavía no se ha hecho justicia.
"Un año después de este trágico incidente, las víctimas y sus familias siguen esperando que se haga justicia, mientras la investigación ha sido ralentizada", denunció la portavoz de Política Interior de Amnistía Internacional, María Serrano.
La entidad señala que el hecho de que las autoridades españolas no hayan "investigado debidamente el ahogamiento de los 15 migrantes frente a la costa de Ceuta después de que la Guardia Civil utilizase contra ellos material antidisturbios de forma desproporcionada, pone de relieve el lamentable menosprecio de la vida humana que impera en la frontera".
Varios de los fallecidos y heridos tenían marcas de los golpes de los balazos de goma disparados por los agentes y varios de ellos presentaron dificultades para respirar por los botes de humo lanzados por la guardia civil.
Algunos de los que consiguieron salvar su vida y alcanzar suelo español, fueron devueltos a Marruecos de forma ilegal, según denuncian las organizaciones.
"La expulsión sumaria de 23 migrantes que aquella mañana sí consiguieron alcanzar la playa ceutí supuso una violación de normas internacionales de Derechos Humanos vinculantes para España", señalan.
Esta devolución en caliente "vulneró de forma flagrante las obligaciones españolas, europeas e internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho de Asilo", dijo, el hecho es que "no fue la primera ni tampoco la última".
Este tipo de prácticas han continuado "periódicamente durante todo el año pasado", denunció la secretaria general de CEAR, Estrella Galán.
Contra estas medidas protestan las organizaciones en su entrega de firmas al Senado dado que la Ley de Seguridad Ciudadana pretende regularizar esta medida.
"Son expulsiones sumarias y colectivas que están prohibidas por el derecho internacional porque vulneran el derecho de asilo y privan a las personas de un procedimiento en el que puedan contar con abogados", señaló María Serrano a Sputnik Nóvosti.
Las organizaciones escogieron este señalado día para entregar las firmas porque aseguraron que lo que hicieron las autoridades en Ceuta el pasado 6 de febrero de 2014, es un "claro ejemplo" de lo que no hay que hacer.
El homenaje recordó a los 15 fallecidos con 15 flores blancas que se colocaron en una improvisada concertina.
