México deberá explicar la desaparición forzada en la llamada "guerra sucia" emprendida contra el narcotráfico desde 2007, con saldo de más de 23.000 personas desaparecidas, según el balance oficial hasta el 2014.
A la cita en Suiza acudirán familiares de los estudiantes de la escuela normal de maestros rurales de Ayotzinapa, masacrados hace cuatro meses en Iguala, por policías municipales y sicarios confabulados con el alcalde de esa ciudad del estado de Guerrero, con saldo de seis muertos y 43 alumnos desaparecidos.
Los jóvenes han sido declarados muertos esta semana, de acuerdo con la investigación judicial federal de la "verdad histórica" presentada por el procurador general de México, Jesús Murillo.
La revisión se realiza en el contexto de la "crisis del Estado mexicano en materia de DDHH, de legitimidad de sus políticas y de impunidad", indica el documento de 19 páginas que presentarán 16 organismos defensores de los DDHH, encabezados por el Centro de DDHH de la Montaña de Guerrero "Talchinollan", nombre del antiguo reino indígena en Guerrero, en el sur del país.
Los demandantes esperan que la comparecencia del Estado mexicano sea "un punto de inflexión que permita un cambio profundo en las acciones estatales", dado que está obligado a comparecer como firmante de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas.
El comité brindará un espacio para las organizaciones y víctimas para finalmente adoptar sus conclusiones y recomendaciones que serán emitidas el 13 de febrero.
El Estado mexicano solo ha reportado seis sentencias a nivel federal por casos de desaparición forzada, lo cual representa "impunidad generalizada y sistemática", dicen los denunciantes.
Los denunciantes, un grupo de ONG, dicen que son "inaceptables los persistentes retrasos" de México ante el organismo de la ONU.
El primer informe del Estado mexicano sobre desapariciones forzadas, tenía fecha límite de presentación en diciembre de 2012, pero fue presentado en marzo de 2014, indica el documento.
México se negó a contestar la petición de ese Comité de la ONU para visitar el país durante el 2014 y "demoró y limitó su contestación escrita a las preguntas previas formuladas por el Comité", omitiendo temas críticos como el número real de personas desaparecidas, la actuación y respuesta frente a casos emblemáticos como el de Ayotzinapa.
Los organismos humanitarios denuncian "falta de transparencia e información adecuada" sobre denuncias presentadas por la ONU y el sistema interamericano de DDHH, dice el documento.
Señala que hasta la fecha, el Estado mexicano se ha negado a reconocer la competencia del Comité de la ONU para recibir quejas de casos de desaparición forzada lo cual, en violación del artículo 31 de la Convención del organismo internacional.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil solicitó una reunión con la Cancillería de México para plantear este tema desde el 8 de septiembre de 2014, pero no recibió respuesta a su solicitud.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Antonio Meade, aseguró que a cuatro meses de la masacre de estudiantes en Iguala, Guerrero, México "ha acreditado capacidad, disposición y voluntad de enfrentar los difíciles retos que tiene".
"Es un proceso en el que los imputados están sujetos a proceso, producto de una investigación abierta y transparente a la cual incluso se sumó el resto del mundo aportando elementos en diferentes disciplinas", dijo el jueves el jefe de la diplomacia mexicana.
La desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa obligó al gobierno de México a desplegar "un esfuerzo sin precedente de búsqueda y de investigación", dijo esta semana el presidente Enrique Peña.
Esa tragedia "nos ha marcado y nos ha dolido", el gobierno debe darle atención y "tiene que haber justicia, tiene que haber castigo para aquellos que fueron responsables de estos hechos lamentables", dijo el mandatario en un discurso.
El procurador general de México, Jesús Murillo, presentó el martes el informe de la "verdad histórica" de la masacre, según el cual "el análisis lógico causal indica que los estudiantes fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y sus restos arrojados al río San Juan, es la verdad histórica basada en la ciencia".
La investigación concluye que el grupo de narcotraficantes de Guerreros Unidos es parte de una trama delincuencial en la cual "participaban delincuentes y servidores públicos, especialmente policías encabezados por el alcalde de Iguala (estado de Guerrero), José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda".
Pero la conclusión federal ha procesado al alcalde, policías y sicario por secuestro y homicidio, pero no por "desaparición forzada", la figura que llevaría a declarar un delito de lesa humanidad que no prescribe nunca.
