En concreto, la División realizó un total de 1.724 operaciones en los últimos 20 años sobre 3.995 propiedades rurales, debido a que mayoritariamente las situaciones de trabajo esclavo se concentraron en las grandes explotaciones agrícolas de los latifundios del sur y centro del país.
Sin embargo, las actuaciones de la División se han venido ampliando a los más diversos ámbitos lo que viene a explicar el éxito en el número de personas rescatadas, como explicó el jefe de la misma, Alexandre Lyra: "El año pasado hicimos un rescate en un crucero de 11 trabajadores sometidos a jornadas exhaustiva".
Para Lyra, la fuerte influencia de los terratenientes y los partidos que representan sus intereses en el Congreso Nacional fomentan la impunidad de este tipo de esclavitud del siglo XXI que se alimenta principalmente del éxodo del campo a la ciudad y de inmigrantes ilegales, principalmente haitianos y bolivianos en el caso de Brasil.
Una situación alarmante que el procurador general de Trabajo, Luis Antonio Carmargo, tiende a minimizar al señalar que "no se puede decir que la situación esté resuelta pero hemos avanzado enormemente desde 1995" y apuesta por la "articulación entre los órganos públicos y las organizaciones de la sociedad civil para el combate al crimen".
No obstante, a pesar de los avances también se han registrado retrocesos de importancia en los últimos años en Brasil, a principios de 2015 el Ministerio de Trabajo de Brasil dejó de emitir la llamada "Lista Sucia" por la cual 609 empresas del país fueron denunciadas en julio de 2014 por aplicar condiciones de semiesclavitud a sus trabajadores, entre ellas las 32 mayores constructoras del país.
Tras una ofensiva sin precedentes en el Tribunal Supremo Federal de Brasil, la Asociación Brasileña de Incorporadores Inmobiliarias(ABRAINC) a la que pertencen las constructoras MRV, Andrade Gutierrez y Odebrecht, consiguieron que este cediese y obligase al Ministerio de Trabajo a dejar de emitir la "Lista Sucia" a partir de 2014.
