Durante el debate en torno al informe 'Sobre la situación humanitaria de los refugiados y los desplazados ucranianos', presentado hoy en la PACE, Muiznieks indicó que "el Gobierno ucraniano debe garantizar a organizaciones internacionales el acceso a la zona de conflicto" y señaló también que "no deberían solicitarse autorizaciones especiales".
Al señalar que "en los territorios controlados por los rebeldes se vive una complicada situación humanitaria, se violan los derechos humanos y se infringen las leyes", el comisario informó que había debatido con las autoridades ucranianas el cese del pago de pensiones y de subsidios en el sureste del país. El presidente ucraniano, Petró Poroshenko, dispuso en noviembre de 2014 retirar del territorio de Donbás controlado por los independentistas todas las instituciones públicas, los bancos y hasta las cárceles. Según ese decreto, para recibir pensiones los jubilados deben dirigirse a zonas que controla Kiev para inscribirse allí en un registro.
El este de Ucrania sufre un conflicto armado que, según la ONU, ha causado más de 5.000 muertos y casi 10.500 heridos desde abril pasado, cuando Kiev lanzó una operación militar contra las milicias independentistas de Donbás.
Las autoridades ucranianas, que anunciaron el bloqueo económico contra las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, impiden el envío de alimentos y medicamentos a la región. Los independentistas acusan a Kiev de estar destruyendo intencionadamente la infraestructura de Donbás.
