El secuestro, en cambio, es uno de los delitos que menos ha disminuido, solo en un 1,7% en los últimos dos años, subrayó el mandatario al inaugurar el Foro Nacional sobre "Equidad para las víctimas en el debido proceso penal".
El líder mexicano aseguró que su país ha actualizado en los últimos años el marco legal e institucional para la protección de derechos de las víctimas, pero "la adecuada implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal es un tema prioritario".
Una reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos está en marcha para asegurar temas "prioritarios de la agenda nacional de seguridad y justicia", tales como la equidad en un proceso penal y la adecuada implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.
"Hemos propuesto que se sancione a todo aquel que cometa un delito, debemos reconocer que ha habido avances pero aún no estamos satisfechos", dijo Peña en un discurso.
El mandatario destacó que las conclusiones del Foro y otras iniciativas de la sociedad civil permitirán formular una nueva Ley en el Sistema de Justicia Penal en México.
"Nuestras leyes son perfectibles, los foros permiten enriquecer las iniciativas y mejorar los reordenamientos legales", dijo.
La Ley General de Víctimas fue promulgada en enero de 2013 y dio paso a la creación de una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y un Registro Nacional de Víctimas, con un fondo de unos 1.000 millones de pesos disponible (unos 65 millones de dólares).
Antes de esas leyes e instrumentos las víctimas también padecían injusticias de "un marco jurídico inequitativo que las limitaba en el ejercicio de sus derechos y se les trataba como meros espectadores del proceso de impartición de justicia, ocupando un lugar secundario cuando debían ser el centro de este proceso".
Los agraviados en México con frecuencia podrían ser "revictimizados", subrayó el mandatario, y aún existen casos en los cuales "con indignación e impotencia las víctimas se duelen de ser tres veces afectadas por un mismo delito".
Las víctimas sufren "por la impunidad, porque no se castiga a los culpables y ni se repara el daño", lamentó Peña.
Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico decretada por el ex presidente Felipe Calderón en 2007, unas 100.000 personas han muerto por la violencia y otras 22.000 permanecen desaparecidas, según datos oficiales.
