Anticorrupción solicitó también 42 años y seis meses de cárcel para Luis Bárcenas, el ex tesorero del PP que lleva más de un año en prisión. Bárcenas acumuló una fortuna de cerca de 50 millones de euros en Suiza.
Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás consideraron, en su escrito de 512 páginas, que tanto el Partido Popular como la ex ministra de Sanidad, Ana Mato, fueron partícipes a título lucrativo de los delitos de la red corrupta.
El primero se benefició en 328.440 euros, mientras que la ex ministra se aprovechó de 28.468 euros que consiguió ilegalmente su exmarido, entonces alcalde de la población madrileña de Pozuelo,
Anticorrupción pidió en total de cerca de 800 años para los 41 acusados de la trama.
El Partido Popular, con mayoría absoluta en el Congreso desde 2011, argumenta que fue la red corrupta la que se aprovechó de su organización, mientras que la Unión de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) asegura que la relación entre el partido y el grupo corrupto fue “simbiótica” y “no parasitaria”.
Según el auto el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, del pasado 26 de noviembre, la red surgida en los años 90 se centró en organizar actos y campañas electorales del PP y se aprovechó de sus contactos con el partido para lograr adjudicaciones públicas.
Al mismo tiempo, el círculo de Correa se dedicó a dar regalos a funcionarios y altos cargos municipales o regionales que presuntamente favorecían sus negocios.
La investigación del caso Gürtel empezó en 2007 tras la denuncia presentada por un concejal popular de la población madrileña de Majadahonda.
Del caso Gürtel surgió el caso Bárcenas, en referencia al extesorero del PP, que controlaba una supuesta contabilidad B del partido conservador, no declarada a Hacienda, con donativos ilegales de constructoras y la entrega de dinero negro en sobres a los dirigentes del partido.
Los socialistas madrileños pidieron también, en su escrito de acusación particular, condenas de hasta 77 años para los cabecillas de la red arguyendo que se pusieron al servicio del Partido Popular, para reunir dinero para sus campañas electores y para pagar sobresueldos a los líderes conservadores.
Según publicó hoy el diario El País, la Oficina Federal de Justicia de Suiza negó este miércoles a la Audiencia Nacional, que instruye el caso Gurtel, la posibilidad de usar datos bancarios de Bárcenas y de Correa.
“Tras revisar la solicitud y en virtud de la Ley sobre asistencia judicial internacional en materia penal en lo que respecta a los impuestos directos, concluimos que las autoridades españolas no ofrecen explicaciones lo suficientemente convincentes acerca de cómo, en función de los hechos descritos, se podría haber originado un fraude fiscal”, señalaron en su escrito.
