"Rechazamos los intentos de provocación en los que han querido involucrar a instalaciones e integrantes de nuestras Fuerzas Armadas", dijo el secretario de Gobernación (Interior), Ángel Osorio en declaraciones publicadas este miércoles.
"Hay interés de generar desconocimiento o querer involucrar a nuestro Ejército y a nuestras fuerzas federales en los hechos de Iguala, el Gobierno de la República rechaza categóricamente los señalamientos que sin sustento se han hecho a nuestras Fuerzas Armadas", dijo el número dos del Gobierno (en México no existe el cargo de Vicepresidente).
El Gobierno señala que el Ejército ya ha aceptado abrir los cuarteles militares para que los padres comprueben que sus hijos no fueron detenidos por el Ejército ni están secuestrados ni fueron incinerados en las instalaciones castrenses, como establece la investigación judicial.
Se trata de la reacción gubernamental más severa luego de que los familiares de los estudiantes desaparecidos y maestros disidentes realizaron el martes una protesta con disturbios saldados con seis civiles y once militares heridos en el cuartel del Batallón de Infantería de Iguala.
"Les recordamos que en el mes de diciembre, en la reunión que tuvimos con ellos (los padres de los estudiantes), se les autorizó a entrar al cuartel de Iguala y se les dijo que nunca hubo petición al respecto", advirtió el más alto cargo de la política interna.
La búsqueda se concentrará en los cuarteles y zonas agrestes de las montañas de Guerrero, anunció Felipe de la Cruz, portavoz de los padres de los estudiantes que fueron masacrados el 26 de septiembre de los cuales 42 permanecen desaparecidos, mientras se analizan algunos restos humanos en los laboratorios forenses.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos será invitada a recorrer las instalaciones del cuartel de Iguala, junto con los padres, anunció el secretario de Gobernación.
Al mismo tiempo, se pronunció por el diálogo y el "estricto respeto a la ley", en un caso que "no será cerrado" hasta dar con los culpables.
Los familiares de los jóvenes desconfían de la compleja investigación judicial, según la cual la masacre ocurrió cuando policías confabulados con narcos, por orden del alcalde de Iguala, atacaron dos autobuses repletos de alumnos que habían ocupado por la fuerza ocho unidades de transporte público, para viajar a una manifestación en la capital mexicana.
Las confesiones de tres verdugos llevaron en octubre al hallazgo de los restos calcinados en un basurero del pueblo vecino de Cocula, que fueron lanzados a un río, de donde fueron rescatados 17 restos humanos y enviados a un laboratorio de Austria, para su identificación, de los cuales solo un estudiante ha sido identificado.