En un pronunciamiento el Congreso pide al gobierno mexicano que "solicite al Gobierno estadounidense que cesen las innecesarias y masivas deportaciones de inmigrantes residentes en ese país y se garanticen sus derechos humanos".
La declaración firmada por Comisión Permanente del Congreso –que sesiona en los recesos legislativos y vacacionales– "reconoció la promulgación de la acción ejecutiva en favor de los migrantes indocumentados" emitida por Obama.
Los legisladores mexicanos señalaron la vecindad geográfica, los estrechos lazos sociales y culturales, así como la integración económica entre los dos países, con inevitable los flujos migratorios que han permitido a 11 millones de mexicanos residir en EEUU de manera irregular.
Esos indocumentados no pueden gozar ni ejercer sus derechos civiles, sociales y políticos e incluso sus derechos más fundamentales, denunciaron los congresistas mexicanos.
Además, las deportaciones desde el interior del territorio estadounidense están creciendo y "son mayores que las detenciones de quienes intentan cruzar la frontera sin documentos", denunció la senadora Esthela Flores Escalera, del Partido Revolucionario Institucional (PRI, gobernanate).
Aproximadamente 200 mil mexicanos son aprehendidos por la Patrulla Fronteriza cada año, mientras que 400 mil ya ingresados y establecidos en Estados Unidos son deportados por autoridades norteamericanas, de acuerdo con los datos del Congreso mexicano.
Los mexicanos indocumentados que residen en esa nación "están viviendo un fenómeno persecutorio que abona en contra de su situación, que por las condiciones descritas, más la lejanía de su lugar de origen y en muchas ocasiones de su propia familia, es muy compleja".
Los migrantes cruzan por puntos peligrosos como desiertos y ríos caudalosos a lo largo de los 3.000 kilómetros de la frontera común, y se han documentado casos de violencia extrema e incluso la muerte de migrantes.
Antes de su decisión a finales de noviembre del año pasado, Obama llamó la atención sobre unos 65.000 niños migrantes ilegales que llegaron sin acompañantes adultos y fueron detenidos a lo largo de casi un año en albergues a la espera de deportación.
La acción ejecutiva de Obama no tiene rango de ley, pero gracias ella cerca de cinco millones de indocumentados podrán solicitar permisos de residencia y trabajo, de un total de once millones de inmigrantes ilegales.
Con el plan de Obama de permitir a los inmigrantes "salir de las sombras" y defender sus derechos, se beneficiarán los inmigrantes que han vivido en EEUU más de cinco años, que tienen hijos que son ciudadanos de ese país, que están registrados, que pagan impuestos y pasan los controles de seguridad.
