El Tribunal no descarta que se cometieran delitos de "prevaricación y malversación de caudales públicos".
Mas impulsó el denominado "proceso participativo" desoyendo la prohibición del 4 de noviembre del Tribunal Constitucional español.
El líder nacionalista "en el momento de depositar su voto, hizo constar ante los medios de comunicación que el responsable de la jornada era él mismo y su gobierno", dice la resolución en la que se admiten a trámite todas las querellas que se presentaron contra el desafío de los independentistas.
El 9N los querellados "haciendo uso de los servicios de la entidad mercantil Unipost S.A., especializada en envíos masivos de correspondencia", remitieron "una carta con el membrete oficial de la Generalitat de Cataluña a los ciudadanos catalanes exhortándoles a participar en la consulta del 9N".
El Ejecutivo catalán no cerró la página web sobre la consulta, abrió colegios electorales, envió urnas y papeletas y continuó con la campaña institucional, recoge la resolución.
En la consulta participaron unos 2,3 millones de catalanes. Una aplastante mayoría votó a favor de la independencia de Cataluña. Más de 5,4 millones de personas estaban llamadas a las urnas, según el censo de 2012.
Tras la jornada reivindicativa, la fiscalía, partidos políticos unionistas y particulares se querellaron contra Mas y su Gobierno regional por incumplir las sentencias judiciales.
Cientos de catalanes acudieron a los tribunales para autoinculparse también por la celebración del referéndum.
