En un reportaje publicado por Folha este martes, se recogen los datos del Censo Agropecuario de 2006 que fue divulgado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) en el año 2009 y que detalla que las propiedades de más de mil hectáreas (equivalente a 2.000 campos de fútbol) continúan en suponiendo más del 45% del área rural del país.
Según esos datos, el 0,92% de los propietarios, es decir, los grandes latifundistas, serían los propietarios del 45% de la tierra del país mientras que solamente el 2,3% de la tierra pertenecería a los pequeños propietarios, es decir, aquellos cuya propiedad no supera las 10 hectáreas.
En este sentido, el IBGE señaló que el índice de concentración de tierras en Brasil sería de 0,872 en 2006, siendo 1 el valor mayor de desigualdad de la escala y en un claro aumento desde el estudio de 1995 que apuntó un valor de 0,856.
Los estudios que deberán repetirse en el 2016 con datos del 2015, señalaron además el impacto sobre las regiones del Nordeste y Centro-Oeste del país de la inserción de Brasil en el mercado mundial de commodities agrícolas con el que asociaciones como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) relaciona directamente a la ministra Abreu.
Abreu pertenece al socio de gobierno de Rousseff el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) y su nombramiento causó gran malestar entre los movimientos sociales y los sectores más a la izquierda del Partido de los Trabajadores (PT) por su vinculación con el agronegocio.
En especial, el MST que cuenta con gran presencia en 24 estados de Brasil que desde los años 70 lucha por la reforma agraria impuesta por el régimen militar y contra la consolidación de los latifundios así como de la industria del agronegocio (especialmente en el cultivo de soja transgénica).
Por su parte, además sus polémicas declaraciones sobre el latifundio en Brasil, Abreu señaló en la entrevista con Folha de Sao Paulo su disposición de dialogar con el MST aunque advirtió que las invasiones de tierras practicadas por el movimiento son "ilícitas" y que están en contra de la Constitución de 1988.