El golf será por primera vez deporte olímpico en los Juegos que se celebrarán en Río dentro de año y medio; y a pesar de que la ciudad ya cuenta con dos campos el Comité Olímpico Internacional (COI) exigió la construcción de uno mayor, de 18 hoyos, para poder albergar las pruebas olímpicas, según sostiene el Ayuntamiento para justificar las obras.
El campo ocupará 960.000 metros cuadrados, y está siendo construido a pocos metros del océano y junto a la laguna de Marapendi, un valioso ecosistema de marismas protegido como parque natural, según denuncian los activistas y ecologistas de la zona, organizados desde hace tiempo bajo el colectivo "Golfe pra quem?" (¿Golf para quién?).
Uno de ellos es el biólogo Marcello Mello, que en declaraciones a Sputnik ha explicado que el campo no sólo no era necesario sino que es un auténtico "crimen ambiental", pues se sitúa en una zona muy frágil desde el punto de vista medioambiental, donde incluso habitan especies amenazadas como el caimán de cuello amarillo, la mariposa de playa y la lagartija blanca de arena.
El Ayuntamiento alega que, en realidad, la mayor parte de la zona era una antigua cementera y estaba muy degradada, por lo que el campo de golf ayudará a revitalizarla, pero los activistas como Mello aseguran que el propietario de los terrenos degradó la zona a propósito pensando en su valor comercial: "Hasta construyeron una pista de motocross y pusieron a pastar cabras que arrasaron la flora endémica", critica.
El campo costará 60 millones de reales y está siendo levantado por la iniciativa privada; la constructora que financia el campo a cambio recibirá otros terrenos adyacentes donde podrá construir 23 edificios de lujo de 22 plantas cada uno; los pisos tendrán hasta cinco plazas de garaje y terrazas de más de mil metros cuadrados.
Los convenios público-privados son muy comunes en las obras olímpicas y son un argumento que el Ayuntamiento usa frecuentemente para defender que los Juegos no tendrán un coste excesivo para el bolsillo del ciudadano, pero los más críticos subrayan que son acuerdos hechos a medida de intereses económicos.
La resistencia al campo de golf empezó hace dos años, cuando el Ayuntamiento aprobó una ley especial para poder empezar las obras. El colectivo "Golfe pra quem?" presentó una demanda ante el Ministerio Público denunciando que no había habido declaración de impacto ambiental y desde entonces el caso sigue encallado en la Justicia.
A la espera de que haya un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de las obras los tractores siguen avanzando: el césped ya está creciendo y se espera que el campo esté terminado a finales del año que viene. Después de las Olimpiadas será de titularidad pública durante diez años, lo que significa que no habrá que hacerse socio para poder usarlo.
Desde principios de diciembre un pequeño grupo de jóvenes autodenominados "Ocupa Golfe" acampa en las inmediaciones del campo día y noche para dar más visibilidad a la protesta. Uno de sus miembros comentaba que aunque no están en contra de los Juegos Olímpicos la población de Río tiene otras prioridades: "Están destruyendo todo esto para cinco días de competición", lamentaba.
