La demanda, registrada este miércoles en el Tribunal del Distrito de Nueva York, acusa a la empresa estatal y a dos de sus empresas subsidiarias –Petrobras International Finance Company y Petrobras Global Finance B.V–, además de a su presidenta, Graça Foster, y a su director financiero, Almir Barbassa, entre otros directivos.
También aparecen citadas 15 instituciones financieras a las que se acusa de avalar los valores emitidos por la compañía; entre ellas Morgan Stanley, HSBC Securities y el banco brasileño Itaú, según ha apuntado el diario O Globo.
La ciudad de Providence alega gestionar "cientos de millones de dólares en activos en nombre de miles de beneficiarios asociados con la ciudad, incluidos funcionarios y jubilados, así como familiares a su cargo" y añade que todos ellos se han visto perjudicados en un periodo que va desde enero de 2010 hasta noviembre de este año.
Para justificar ese daño el municipio cita algunos de los escándalos más sonados de la petrolera y cuyos detalles están siendo desvelados por la Operación Lava Jato, como la ruinosa compra de la refinería de Pasadena (EE.UU) o la reforma del Complejo Petroquímico de Río de Janeiro, que iba a costar 6.100 millones de dólares y cuyos costes ya se estiman en 26.800 millones de dólares, casi cinco veces más.
Para poder financiar esas obras Petrobras, que cotiza en la bolsa de Nueva York, puso a la venta acciones por valor de 98.000 millones de dólares, pero Providence alega que los inversores que participaron estaban pagando las consecuencias de contratos con presupuestos al alza y sobresueldos.
Petrobras, considerada hasta hace poco el buque insignia de la economía brasileña, afronta cada semana pérdidas en la Bolsa por la desconfianza de los inversores, que también desde el exterior empiezan a pedir cuentas; tan sólo en EE.UU ya hay 11 demandas colectivas contra la petrolera, así que la Justicia de ese país prevé unificar todos los procesos en uno solo.
