El Gobierno ha desplegado "más de 1.776 efectivos de diversas divisiones de la Policía Federal; se han conformado cuatro brigadas de búsqueda y localización integradas por padres de familia, agentes del Ministerio Público de la Federación y policías federales", dice el informe de la Presidencia.
El informe relata las acciones para conocer el destino de los estudiantes, "brindar atención a las víctimas e impartir justicia a partir de la verdad" de los hechos del 26 de septiembre, cuando fueron asesinadas seis personas (tres de ellos estudiantes), 20 heridos y 43 desparecidos, quienes habrían sido asesinados y sus restos calcinados lanzados a un río, uno de ellos ya identificado por forenses en un laboratorio de Austria, según las pesquisas.
El informe indica que al 30 de octubre pasado ya había 56 detenidos por el caso, entre ellos policías municipales y sicarios del grupo narcotraficante Guerreros Unidos, y que el 4 de noviembre fue arrestado Luis Abarca, alcalde de Iguala, Guerrero (200 km al sur), junto con su esposa Ángeles Pineda.
Más tarde, las autoridades han reportado que la cantidad de detenidos subió a 80, cinco de ellos actores materiales confesos de la incineración de los 43 estudiantes secuestrados de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa en Iguala.
La versión oficial indica que 16 delincuentes participaron en la cremación de los jóvenes asesinados, que aún son buscados 11 verdugos, que hay 44 policías municipales de Iguala y el pueblo vecino de Cocula confabulados con el grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos.
Sin embargo, una investigación periodística del semanario político Proceso, publicada el domingo, indica que el ataque contra los estudiantes fue "orquestado y ejecutado" por la Policía Federal, con la "complicidad o franca colaboración" del Ejército, que monitoreaba a los alumnos desde que habían secuestrado ocho autobuses para viajar a la Ciudad de México, a la conmemoración del 46º aniversario de la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968.
La investigación está basada en documentos oficiales, videos grabados con teléfonos celulares por los estudiantes y testimonios, y cuestiona la conclusión oficial de un ataque realizado únicamente por agentes municipales y narcos aliados por orden del alcalde de Iguala, para impedir un acto político de la alcaldía.
Un portavoz de la fiscalía federal respondió al reportaje de Proceso —bajo condición de anonimato- que "las investigación continúa" y que el tema de la participación de la policía federal y el ejército forma parte de las pesquisas y "por tanto nada podemos decir".
El domingo se registraron nuevos disturbios en violentos en la capital de Guerrero, Chilpancingo, que dejaron 14 heridos, entre ellos seis policías federales, uno agente con daño cerebral.