Los servidores públicos que hayan cometido delitos de gravedad no podrán acogerse a la libertad condicional, si cuaja el respectivo proyecto de ley, al que ha tenido acceso el periódico.
"A los que roban de presupuestos públicos habría que equipararlos, si no a los terroristas, a los que cometen alta traición e imponerles sanciones severas que asusten de por vida a quienes recién se involucran en esas redes criminales", subraya Nílov.
El parlamentario sugiere "quitar la herrumbre de la espada con que se pretende cortar las manos a los ladrones del erario, para estar seguros de que va a funcionar".
La confiscación de bienes ilícitos, según Nílov, debe extenderse también a familiares próximos de los condenados por prevaricación.
