Según informó el ministro de Industria, José Manuel Soria, la base imponible de esta nueva tasa será "el valor de la producción", al mismo tiempo que impone un instrumento para que esos recursos se restituyan "a las comunidades autónomas y los municipios próximos al yacimiento".
De esta manera, el Ejecutivo de Mariano Rajoy compensa con fondos públicos especialmente a las islas Canarias, inmersas en una agria polémica por los sondeos que realiza la compañía Repsol a unos 50 kilómetros de las turísticas costas de las islas de Fuerteventura y Lanzarote.
El ministro, en una rueda de prensa tras la habitual reunión de los viernes del Consejo de Ministros, señaló que la modificación de la Ley de Hidrocarburos que data de 1998 permitirá que una parte de los recursos de petróleo y gas "reviertan en las comunidades autónomas o entidades locales donde tengan lugar, y si es en el mar a la comunidad autónoma más próxima al lugar de las extracciones".
A este impuesto se sumará el "canon de ocupación", que devengará en los propietarios de los terrenos el "1% del valor de la producción anual mientras dure la explotación".
Todas estas modificaciones pretenden acallar la revuelta que protagonizan algunas comunidades autónomas contra el fracking y las perforaciones. Los Parlamentos regionales están legislando en contra de este tipo de técnicas.
Andalucía aprobó recientemente una moratoria contra la fractura hidráulica, mientras que regiones como Cantabria, La Rioja o Navarra las han prohibido directamente.
En Canarias, la movilización popular contra las prospecciones de petróleo no ha logrado frenar la actividad de Repsol.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias avaló este martes los permisos concedidos por el Estado, aunque el presidente regional Paulino Rivero denunció que la resolución prime "descaradamente el interés" de Repsol.
La nueva legislación pretende también "crear un mercado organizado del gas en España e introducir medidas para fomentar la competencia y combatir el fraude".
Según el ministro, no hay un "mercado organizado del gas en España", por lo que "los precios no dan señales nítidas". La nueva normativa quiere introducir "más transparencia".
El proyecto de ley que presentó hoy el Gobierno conservador debe ser aprobado ahora por el Parlamento y el Senado español.
