En concreto, el informe de la CNV, entregado este miércoles a la presidenta Dilma Rousseff, defiende la responsabilidad criminal y el castigo de los 377 exmilitares señalados como responsables, directos o indirectos, de los 434 muertos y los miles de casos de tortura y persecución registrados.
En el 2010, la Orden de Abogados de Brasil (OAB) realizó una solicitud en este sentido refiriendo a la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos según la cual la ley "perpetúa la impunidad y propicia una injusticia continuada, impidiendo a las víctimas el acceso a la justicia" y se posiciona "en contra del deber del Estado de investigar, procesar, juzgar y reparar las violaciones de los derechos humanos".
En aquella ocasión, los miembros del Tribunal Supremo Federal (TSF) de Brasil rechazaron la petición por los votos de siete jueces en contra y solamente dos a favor.
En declaraciones al portal de noticias brasileño "G1", el juez que instruyó la solicitud, Marco Aurelio Mello, declaró que la Ley de Amnistía representó "el perdón para los dos lados" y que "permitió una transición democrática tranquila", además agregó que la sociedad brasileña "tiene que mirar al futuro y no al pasado".
Desde hace años la revisión de Ley de Amnistía de 1979 está siendo reivindicada por los familiares de víctimas durante la dictadura, especialmente de aquellos cuyos parientes se encuentran desaparecidos y que, al igual que la CNV, alegan que los casos de desaparición no pueden prescribir, al igual que ocurre con los casos de secuestro.