Los familiares de los 43 jóvenes secuestrados tras los ataques de policías y narcos aliados en Iguala por orden del alcalde de esa ciudad la noche del 26 de septiembre –con saldo de seis muertos, 20 heridos y 43 desaparecidos–, acudieron al Senado dos días después que los restos de uno de los jóvenes fuesen identificados.
El presidente del Senado, Luis Miguel Barbosa, del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), recibió un texto con cinco peticiones.
La primera exigencia es la "presentación con vida" de 42 estudiantes aún considerados desaparecidos –tras la identificación de los restos de uno de ellos–, y "justicia para los cuatro fallecidos (otros dos muertos en la confusión de aquella noche eran de un equipo de fútbol), así como atención médica a los lesionados".
El segundo pedido es que el Senado "inicie un proceso para la declaración formal de desaparición de poderes en el estado de Guerrero", lo que implicaría la anulación del poder del Gobernador, del Congreso de ese estado y la intervención federal de los poderes municipales.
Los familiares exigen, en tercer lugar, que el Senado "declarare la suspensión de las elecciones en Guerrero por no existir condiciones para ello".
El cuarto punto exige una "ratificación inmediata de la competencia del Comité de Desaparición Forzada de la ONU", además de que México ya ha firmado un acuerdo con la Comisión Interamericana de DDHH, de la OEA.
Finalmente piden al Senado exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR) a "abrir líneas adicionales de investigación, más allá de la hipótesis (los restos hallados) en el basurero de Cocula.
Además, en ese punto, exigen que "atienda elementos de prueba que implican al Ejército Mexicano, a la Policía Federal y al ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre", quien es militante del centroizquierdista PRD como el alcalde de Iguala, el detenido José Luis Abarca.
Los delegados de los familiares se negaron a escuchar la respuesta del presidente del Senado y se retiraron.
"Los hemos recibido y escuchado con respeto, absoluto respeto, porque eso es lo que sentimos frente a esta tragedia, no nos quisieron escuchar pero nosotros estamos obligados a responder", dijo el Senador Barbosa cuando los familiares se habían marchado.
Procurador: un grupo "numeroso" de jóvenes está muerto
Poco antes, el Procurador General, Jesús Murillo, dijo que las investigaciones indican que un grupo "numeroso" de jóvenes de la escuela normal de maestros de Ayotzinapa, estado de Guerrero, fue asesinado.
El procurador dijo que no podía afirmar que los 43 estudiantes habían sido asesinados en el basurero de Cocula, pueblo vecino de Iguala, donde fueron encontrados restos calcinados hace más de un mes: "de todos no puedo decirlo" que hayan sido muertos allí, dijo Murillo.
"Puedo asegurar que allí mataron a un grupo de estudiantes numeroso", dijo el titular de la Procuraduría federal mexicana en entrevista con el noticiario nacional Imagen.
La declaración ha sido hecha tras la identificación de uno de los 43 jóvenes normalistas, anunciada el fin de semana, como Alexander Mora de 17 años, lograda en el análisis de 17 distintos despojos humanos, enviados a un laboratorio forense en Innsbruck, Austria, con la colaboración de antropólogos argentinos que investigan a pedido de los familiares.
La conclusión federal de un asesinato en masa se extrae de "las declaraciones y confesiones de los propios asesinos, pero ninguno de ellos nos da una cifra exacta, uno habla de 40 (estudiantes asesinados), otro de más de 30, pero ninguno tiene un dato preciso", dijo Murillo.
El fiscal descartó la posibilidad de esclarecer la suerte de todos los 43 desaparecidos: "los restos clasificados, son muy pocos, sólo 17; de estos uno pasó un examen nuclear (de ADN), los demás van a un examen mitocondrial, y pasará un tiempo hasta que se logren nuevos resultados", anunció Murillo.
La versión se acerca a la que adelantó a Sputnik Nóvosti el sacerdote católico Alejandro Solalinde, basada en confesiones de testigos temerosos por sus vidas, antes que cualquier revelación.
Forenses argentinos plantearon el reto pendiente de establecer la conexión entre el hallazgo de los restos incinerados en el basurero de Cocula y otros encontrados en un río cercano, porque "la evidencia que une a ambos sitios (el basurero y el río San Juan) por ahora, es esencialmente testimonial", por confesiones de los inculpados.
