El Tribunal Supremo de Israel dejó en suspenso las órdenes de demolición de las casas de los dos palestinos que mataron a cuatro rabinos y un policía en una sinagoga del barrio de Har Nof, en Jerusalén, hasta que haya un veredicto sobre las apelaciones de las familias a la orden de demolición.
La decisión del Supremo ha sorprendido, especialmente porque las autoridades israelíes están intentando aprobar medidas de castigo severas contra los que cometen ataques y sus familias.
Mohamed Mahmud, abogado de la organización Addameer, de defensa de los derechos de los presos palestinos, dijo que el Tribunal Supremo israelí emitió una orden temporal para congelar la decisión de demoler las casas de las familias de Ghassan y Uday Abu Jamal hasta que el tribunal decida sobre la apelación presentada por la familia y el Centro HaMoked para la Defensa del Individuo.
Las autoridades israelíes entregaron las órdenes de demolición a la familia de los dos palestinos el jueves de la semana pasada y las familias vaciaron las dos casas a la espera de que llegaran las fuerzas israelíes a destruirlas.
Las viviendas están situadas en el barrio de Jabel Mukaber, en Jerusalén Este, la parte palestina de la ciudad, ocupada por Israel desde 1967.
Los cuerpos de Ghassan y Uday Abu Jamal siguen bajo custodia israelí y por ahora, el asesor jurídico de la policía aconseja entregarlos a sus familias para que los entierren. Según el asesor jurídico, no transferir los cadáveres a las familias "ayuda a prevenir ataques terroristas en Jerusalén".
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha pedido que se detenga la demolición de casas de las familias de palestinos que han cometido ataques porque se trata de una forma de "castigo colectivo".
"Israel debe imponer una moratoria inmediata sobre su política de demolición", ha indicado HRW en respuesta a la reanudación de la política de demoliciones tras nueve años de no aplicarse.
"Esta política castiga deliberada e ilegalmente a personas que no están acusadas de ningún delito. Cuando se lleva a cabo en un territorio ocupado, incluido Jerusalén Este, equivale a un castigo colectivo, es un crimen de guerra", señaló HRW.
