Una jornada de Acción Global de protesta se realizó el miércoles en varias capitales de América Latina y Europa contra la desaparición de 43 estudiantes de la escuela de maestros rurales Ayotzinapa, a 40 días de su secuestro por policías y narcos en Iguala, estado mexicano de Guerrero.
Las demostraciones de indignación ocurren un día después de la detención del exalcalde de Iguala José Luis Arbarca y su esposa -quien renunció al cargo después de las desapariciones y estaba fugitivo-, señalados por verdugos detenidos como los cerebros de los ataques que causaron seis muertos, 20 heridos y 43 alumnos de origen indígena desaparecidos hasta la fecha.
La jornada comenzó con un paro de labores en 81 instituciones de educación superior que se prolongará 72 horas, e incluye a las emblemáticas Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
En la jesuita Universidad Iberoamericana (UIA, jesuitas), cientos de alumnos se reunieron frente a 43 pupitres vacíos en representación de los desaparecidos, y frente al edificio de la Rectoría de la UNAM, la universidad más grande de Latinoamérica, fue escrito un mensaje gigante con la leyenda "¡Fue el Estado!"
Los manifestantes han bloqueado rutas estratégicas en algunos puntos del país, por ejemplo a la altura de la ciudad Chilpancingo, capital de Guerrero, a medio camino entre la Ciudad de México con el puerto turístico de Acapulco (400 km al sur).
En otras autopistas, como la que conecta a la capital mexicana con la ciudad turística de Cuernavaca, capital de Morelos, los manifestantes permiten la circulación de autos pero muestran pancartas con frases tales como: "¿Dónde están los 43 desaparecidos?" "¿Cuántos muertos más?" y "¡No más sangre!"
La marcha central de la protesta partirá a las 16:00 de la tarde (22:00 GMT) de la residencia presidencial de Los Pinos, por el céntrico paseo de la Reforma, que desemboca en el colonial centro histórico de la Ciudad de México, en la plaza mayor del Zócalo frente al Palacio Nacional.
Esta es la tercera Jornada Global de protesta, luego de dos anteriores, que reunieron unos 50.000 manifestantes en la capital mexicana y protestas frente a los consulados mexicanos en Los Ángeles y Chicago, en EEUU, Edmonton y Montreal, en Canadá; Nápoles Barcelona, Madrid, Londres, Viena, Berlín y París en Europa; Bogotá, Buenos Aires, Río de Janeiro y Caracas en Latinoamérica.
Todos partidos políticos de México parecen rebasados o excluidos de la protesta social. El caso más sonoro ocurrió la noche del martes, cuando el líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda, tercera fuerza nacional) fue expulsado de la UNAM por decenas de alumnos enardecidos que le gritaban "¡Asesino, asesino!".
El alcalde de Iguala, Abarca; y el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ambos militantes del PRD, renunciaron a sus cargos después de los sangrientos ataques contra los alumnos rurales de magisterio, y ese partido ha pedido "perdón" a los ciudadanos por haber llevado a la alcaldía a un político vinculado al narcotráfico.
En un comunicado emitido tras las detenciones del alcalde y su esposa, la dirigencia del PRD pidió aclarar "las interrogantes que el caso arroja", y se unió al clamor de encontrar a los 43 jóvenes "y que se aplique la ley sobre todos los responsables, sin importar de quién se trate, para que no haya impunidad".
La esposa del alcalde y su familia está señalada por denuncias judiciales de detenidos (policías y matones) de ser el vínculo en el conflictivo Guerrero con el cartel de narcotraficantes de los hermanos Beltrán Leyva. Dos de sus hermanos murieron ejecutados en una vendetta de esa mafia en 2009, cuando cayó el primero de los Beltrán, Arturo, apodado el "Jefe de Jefes".
Según las investigaciones, los hermanos de la esposa del alcalde eran los encargados de pagar 150.000 dólares mensuales a los jefes policiales para la protección de sus reuniones. Cinco días después de los ataques contra estudiantes en Iguala, la policía federal detuvo al último de ese clan, Héctor, apodado El H, y no ha explicado la conexión con el caso.
La fiscalía divulgó declaraciones del jefe arrestado en Iguala de la fracción derivada del cartel Beltrán Leyva, autodenominada "Guerreros Unidos", en las cuales afirma que el alcalde Abarca pagaba cientos de miles de dólares a la policía para la protección de esa pandilla de narcotraficantes.
Las confesiones de unos 50 detenidos llevaron al hallazgo de 30 cuerpos calcinados en una docena de fosas clandestinas. Pero las pruebas forenses han sido descartadas por malos procedimientos; y los familiares solo confían en forenses argentinos que entregarán resultados en una semana.
