Las autoridades mexicanas siguen sin poder esclarecer la suerte de 43 estudiantes desaparecidos desde hace más de tres semanas en la ciudad de Iguala, estado mexicano de Guerrero, dijo el lunes Perceo Quiroz, director ejecutivo de la sección de Amnistía Internacional (AI) en México.
El resultado infructuoso de las pesquisas ha sido presentado a los familiares por el Procurador General de la República, Jesús Murillo, y del secretario de Gobernación (Interior), Ángel Osorio, en una reunión celebrada la tarde del lunes en el puerto turístico de Acapulco, 400 km al sur de la Ciudad de México.
Las investigaciones, que no han podido establecer el destino de los jóvenes estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapan, Guerrero, ha sido recibida con gran "desesperación" ´por los familiares, dijo a Nóvosti el alto responsable en México del organismo humanitario con sede en Londres.
Una delegada de Amnistía Internacional, que asistió al encuentro, reportó que "hay mucha desesperación entre los familiares por la falta de resultados concretos. Y peligra el rompimiento del diálogo en caso", dijo vía telefónica el Director Ejecutivo del organismo en México.
La coordinadora de Incidencias de Políticas Públicas de AI, Chasel Colorado, participa en la Comisión Civil de Diálogo y Seguimiento del caso, integrada por familiares y delegados de organismos humanitarios de la sociedad civil, para dialogar con las autoridades federales y recibir información directa de las pesquisas.
La Comisión Civil fue creada "para conocer de las investigaciones y plantear peticiones relacionadas con la búsqueda de los desaparecidos, reparación del daño a las víctimas y castigo a los culpables".
"Este lunes seguimos con la incertidumbre de saber en dónde están los 43 estudiantes desaparecidos, las investigaciones no ofrecen resultados claros y contundentes", se quejó el director de AI en México.
"Es preocupante que hablemos no solo de 43 desaparecidos sino de (una veintena) de fosas en Iguala, donde se han encontrado decenas de cadáveres (28 analizados hasta la fecha), que no corresponden a los estudiantes de Guerrero. La incógnita ahora es: ¿de quiénes son estos restos?", dijo Quiroz.
"Las investigaciones deben guardar ciertos procedimientos, pero también es cuestionable que, si todo el peso del Estado está dirigido a encontrarlos, como dice el presidente Enrique Peña, entonces lamentamos la incapacidad del Estado mexicano para resolverlo", puntualizó Quiroz.
De estos 43 desaparecidos, "tenemos datos de dónde desaparecieron (Iguala, Guerrero), de quiénes se los llevaron (policías municipales aliados con narcotraficantes); pero aún no sabemos nada de su paradero. Imaginen el problema con los 22.000 desparecidos que reconoce el Estado mexicano. Es un indicador de la magnitud del problema", dijo el dirigente humanitario del organismo fundado en los años 60.
AI anunció que seguirá esperando las investigaciones de la PGR (fiscalía federal), y a los resultados del Equipo Argentino de Medicina Forense, que llegó a México a pedido de los familiares y organismos humanitarios.
Sin embargo, el sacerdote Alejandro Solalinde, Premio Nacional de Derechos Humanos de México 2012, dijo el jueves a Nóvosti que a los 43 estudiantes de origen indígena secuestrados por policías y narcotraficantes en Guerrero "los mataron", y a algunos "los quemaron vivos", con base en testimonios de testigos.
Después de las declaraciones del padre Solalinde, es preciso conocer "detalles de su información y esperar los resultados oficiales", dijo Perceo Quiroz.
"Es una oportunidad del Estado de resolver el caso. Si los familiares se retiran del diálogo depende de ellos. La confianza de los familiares en el gobierno es casi nula; pero hay aún un dejo de esperanza", puntualizó Quiroz.
El procurador general de México, Jesús Murillo, convocó al sacerdote a declarar ante la fiscalía. El sacerdote dijo que aceptaba la invitación a colaborar con la Procuraduría, pero advirtió: "los testigos temen por su vida".
Por los ataques y la desaparición de estudiantes, México ha recibido reclamos de parte de organismos internacionales como la ONU, la OEA, la Unión Europea, Amnistía Internacional y decenas de organismos humanitarios y de la sociedad civil mexicana para encontrar a los culpables y castigarles. El presidente Enrique Peña, ha prometido que esta vez no habrá impunidad.
Hasta la fecha han sido detenidos 36 policías municipales y 17 mafiosos del cártel de los Guerreros Unidos, ligados al alcalde Iguala José Luis Abarca, según las pesquisas.
