Los organismos de seguridad en más de una docena de municipios del montañoso estado mexicano de Guerrero, con costas en el Pacífico, han sido infiltrados por el "crimen organizado", dijo el lunes el presidente de México, Enrique Peña.
El Presidente anunció que un total de 13 municipios han sido intervenidos por fuerzas federales con policías federales, unidades de Gendarmería nacional y de las fuerzas armadas.
A principios de este mes, el poder municipal fue reemplazado en los municipios de Iguala y Cocula (200 km al oeste), donde hace más de tres semanas fueron atacados decenas de estudiantes de magisterio rural, con un saldo de seis muertos, 20 heridos y 43 desaparecidos.
"Apenas instruí que las fuerzas del orden federal tuvieran participación en aquellos municipios en los que hay, de acuerdo a las investigaciones, evidencias de infiltración del crimen organizado", dijo el presidente Peña.
Fuerzas federales buscan con todos los medios terrestres, aéreos y marinos a los 43 desaparecidos; persiguen al alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca, y a mandos policiales aliados de narcotraficantes que agredieron a los jóvenes, la noche del 26 de septiembre.
Fuerzas federales "se ocupan de la seguridad en 13 municipios más del Estado de Guerrero", dijo el presidente en un discurso.
"Como hoy lo hacemos en Guerrero, seguiremos trabajando para que junto con los gobiernos locales pongamos orden y evitemos que el crimen organizado se infiltre en las instituciones" mexicanas encargadas del orden público.
Al mismo tiempo, la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) ofreció una recompensa de 1,5 millones de pesos (más de 100.000 dólares) por información de cada uno de los 43 estudiantes aspirantes a maestros rurales (más de 4 millones de dólares en total), que fueron secuestrados por policías y narcotraficantes aliados en Iguala, Guerrero (200 km al oeste).
Sin embargo, el sacerdote Alejandro Solalinde, Premio Nacional de Derechos Humanos de México 2012, dijo el jueves a Nóvosti que a los 43 estudiantes de origen indígena secuestrados por policías y narcotraficantes en Guerrero "los mataron", y a algunos "los quemaron vivos", con base en testimonios de testigos.
Después de las declaraciones del padre Solalinde, es preciso conocer "detalles de su información y esperar los resultados oficiales", dijo a Nóvosti el director ejecutivo de Amnistía Internacional en México Perceo Quiroz.
El procurador general de México, Jesús Murillo, convocó al sacerdote a declarar ante la fiscalía. El sacerdote dijo que aceptaba la invitación a colaborar con la Procuraduría, pero advirtió: "los testigos temen por su vida".
El resultado infructuoso de las pesquisas ha sido presentado a los familiares por el Procurador General de la República, Jesús Murillo, y del secretario de Gobernación (Interior), Ángel Osorio, en una reunión celebrada la tarde del lunes en el puerto turístico de Acapulco, 400 km al sur de la ciudad de México.
Las investigaciones, que no han podido establecer el destino de los jóvenes estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapan, Guerrero, ha sido recibida con gran "desesperación" por los familiares, dijo a esta agencia el alto responsable en México del organismo humanitario con sede en Londres.
Una delegada de Amnistía Internacional asistió al encuentro y reportó que "hay mucha desesperación entre los familiares por la falta de resultados concretos. Y peligra el rompimiento del diálogo en caso", dijo vía telefónica Quiroz.
