El investigador privado británico contratado por una multinacional farmacéutica afectada por un escándalo de corrupción ha sido acusado hoy en juicio de violar las leyes de privacidad nacionales.
El proceso contra Peter Humphrey y su esposa estadounidense Yu Yingzeng es el último capítulo de un embrollo que también incluye sobornos y sexo.
Los acusados fueron detenidos el pasado año cuando investigaban por encargo de la multinacional GlaxoSmithLine (GSK) quién había filmado con cámara oculta un video sexual de su entonces máximo responsable, Mark Reilly, con su novia china en su apartamento de Shanghái. Ese video fue enviado por correo electrónico y de forma anónima a varios a ejecutivos de la firma en Londres, junto con revelaciones de sus supuestas prácticas corruptas.
Humphrey, de 58 años, ha reconocido durante el primer día del juicio ante el Tribunal Intermedio número 1 de Shanghái que obtuvo información de forma ilegal, un delito castigado hasta con tres años por la ley nacional. Las condenas en los tribunales penales chinos superan el 99 %, por lo que el veredicto de culpabilidad se da por descontado.
“Los dos acusados pagaron entre 800 yuanes (130 dólares) y 2.000 yuanes (324 dólares) por piezas de información. (…) En total, fueron 256 piezas de información”, aseguró el tribunal según la transcripción del juicio, al que la prensa occidental no ha podido entrar. “Por lo general parece correcto, pero no puedo entrar en especificaciones porque no conozco la ley china”, ha reconocido el acusado a preguntas del fiscal si los números eran veraces, también según la transcripción. Los acusados compraron esa información a tres fuentes chinas. Humphrey sí que negó las acusaciones de revender esas informaciones, que según él sólo utilizó para elaborar informes.
Humphrey, un antiguo periodista que ha vivido durante mucho tiempo en China, abrió junto a su esposa una compañía de detectives privados llamada ChinaWhy’s. El proceso ha asustado a otras compañías similares que son contratadas regularmente por empresas extranjeras para comprobar el historial de sus socios chinos.
El escándalo por el pago de sobornos masivos de GSK destapado el pasado año ha provocado la imputación de Reilly y otros dos altos ejecutivos, Zhao Hongyan y Zhang Guowei. La justicia china les acusa de organizar una trama para untar a hospitales, médicos y funcionarios estatales a fin de asegurarse las ventas de sus productos.
El pasado año, cuando estalló el escándalo, la agencia oficial Xinhua cifró en 3.000 millones de yuanes (487 millones de dólares) los destinados a sobornos. Las medicinas eran vendidas después a precios que septuplicaban los de otros países, lo que causaba un perjuicio enorme a los usuarios chinos. La multinacional ha calificado la actitud de sus antiguos empleados de “vergonzosa” y colabora con las pesquisas policiales.
