El pleno del Senado de México aprobó la noche del domingo el proyecto de ley para modernizar a las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin privatizarlas, en una votación saldada la noche del domingo con 89 votos a favor y 27 en contra.
Se trata del tercero de cuatro dictámenes senatoriales que forman la legislación reglamentaria de la reforma a la Constitución en materia energética, aprobada hace seis meses en diciembre de 2013, para permitir, por primera vez desde 1938, la participación de inversores privados nacionales y extranjeros en la industria petrolera mexicana, que podrán asociarse con Pemex y la CFE, como empresas estatales.
Las leyes buscan “modernizar, actualizar, fortalecer y transformar a Pemex y a la CFE en empresas productivas del Estado y de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, a fin de que sean competitivas en sus respectivos mercados”.
También tienen como objetivo regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de Pemex y la CFE.
Esas empresas no serán privatizadas y se convertirán en “empresas productivas” con sus subsidiarias y filiales que tendrán sus reglas para remuneraciones, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, con sus claras responsabilidades y dividendos estatales.
Un debate de ocho horas precedió la votación, en el cual destacó el rechazo de los dos partidos de centroizquierda, de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT).
Por primera vez en su historia, ambas empresas estarán sujetas a las obligaciones específicas contenidas en la Ley del Mercado de Valores, para “garantizar una adecuada rendición de cuentas y evaluación de actividades y desempeño”, indica el texto.
La ley crea un sistema de denuncias y quejas anónimas, mediante la cual “cualquier persona podrá denunciar actos u omisiones, y se contempla que Pemex y la CFE cuenten con sistemas de información sobre sus proveedores y contratistas”.
La Ley de Pemex les otorga autonomía presupuestaria y estarán sujetas sólo al balance financiero y al techo de servicios personales que apruebe el Congreso.
El senador Alejandro Tello, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvo que “México está en tiempos de cambios profundos, por lo que modernizar la normatividad en materia energética es una prioridad nacional”.
Los cambios en Pemex y CFE, dijo, permitirán fomentar una mejor administración y mayor transparencia, así como implementar las mejores prácticas internacionales en materia de gobiernos corporativos.
La senadora Mariana Gómez del Campo del Partido Acción Nacional (PAN; centroderecha), señaló que en los últimos nueve años, la producción de petróleo ha caído más del 25% y la producción de gas no alcanza para cubrir la demanda de los hogares y empresas mexicanas.
A fin de que Pemex y CFE cuenten con la tecnología necesaria para explotar su potencial era necesaria esa ley, “porque para que México desarrolle nada más sus reservas probadas y probables, se requieren inversiones por 300.000 millones de dólares”, dijo la senadora.
Cuando lo cuatro dictámenes estén listos, deben ser aprobados por la Cámara de Diputados antes de su promulgación como ley por el presidente Enrique Peña.
