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Obama ignora la denuncia sobre censura en su Administración

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El presidente de EEUU, Barack Obama, y los cargos de su Administración no han contestado a la carta firmada por 38 asociaciones de periodistas norteamericanas en la que se denuncian prácticas de censura en la Casa Blanca, dijo a esta agencia Kathryn Foxhall, miembro de la Sociedad de Periodistas Profesionales (SPJ) y uno de los autores de la misiva.

El presidente de EEUU, Barack Obama, y los cargos de su Administración no han contestado a la carta firmada por 38 asociaciones de periodistas norteamericanas en la que se denuncian prácticas de censura en la Casa Blanca, dijo a esta agencia Kathryn Foxhall, miembro de la Sociedad de Periodistas Profesionales (SPJ) y uno de los autores de la misiva.

“Enviamos la carta a más de 20 altos cargos de la Casa Blanca, y no hemos recibido ninguna respuesta hasta ahora”, explicó, al agregar que los signatarios de la misiva seguirán reclamando una contestación y además podrían emprender otros pasos para reivindicar su derecho de acceso a la información.

En la carta enviada al presidente Obama, los reporteros denuncian que en los últimos años, los organismos públicos han ido restringiendo el acceso a la información.

En particular, se insiste en que los periodistas se deben dirigir a los funcionarios solo a través del respectivo gabinete de prensa, circunstancia que, en opinión de los autores del texto, ralentiza el acceso a la información e incluso hace imposible la obtención de una información veraz y distinta de la línea oficial.

El texto subraya que estas restricciones son “una forma de censura y un intento de controlar lo que el público puede ver y escuchar”.

“Como periodistas, no podemos dejar de protestar por esta situación e informar de ella al público”, enfatiza Foxhall.

Según la periodista, el problema de censura está muy extendido en EEUU y se ha convertido últimamente casi en una norma. Entre las entidades que prohíben a sus empleados cualquier contacto no autorizado con la prensa se encuentran colegios, hospitales, Gobiernos estatales, autoridades locales, empresas y organizaciones sin ánimo de lucro.

“Eso obliga a muchos a callar cosas que la gente debería saber”, concluye. 

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