Las autoridades de España deben investigar decenas de miles de asesinatos y la desaparición de personas entre los años 1936 y 1976, dice un comunicado de la organización Amnesty International al Alto Comisariato de Derechos Humanos de la ONU.
España está en la obligación de investigar todos los casos de desaparición de personas “independientemente del tiempo que transcurrió”, dice el comunicado de la organización de derechos humanos.
La declaración fue publicada en vísperas una sesión en Ginebra del Comité de desapariciones violentas ante Alto Comisariato de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que por primera vez comprobará la si España cumple la Convención Internacional para la defensa de civiles de desapariciones violentas adoptada en 2006.
En 2008, el Comité de la ONU de DDHH pidió a España anular la ley aprobada en 1977 sobre la amnistía a todos los responsables de crímenes perpetrados durante la dictadura del general Francisco Franco y “restablecer la verdad histórica sobre la violación de derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura”, dice la declaración de Amnesty International.
Según la organización, las autoridades españolas “vergonzosamente” permanecen al margen y no prestan ningún tipo de ayuda a las investigaciones que realizan las organizaciones para la defensa de derechos humanos.
Una de esas investigaciones, fue emprendida por el reconocido exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que según el diario el Periódico, en Ginebra criticó a las autoridades españoles de no haber adoptado ningún documento o iniciativa para establecer la cifra de las víctimas de la dictadura franquista.
Según el juez Garzón, desde el inicio de la Guerra Civil en 1936 hasta 1951, los desaparecidos en España oscilan entre las 132.000 y las 152.000 personas.
