Es mejor y más segura una paz cierta que una victoria esperada (Tito Livio, historiador romano 59 A.C. – 17 D.C.)
La vida ofrece permanentes sorpresas. Hace unos cinco años nadie habría imaginado que la mano derecha en aquel entonces del presidente de Colombia Álvaro Uribe (2002- 2010), su belicoso y duro ministro de defensa Juan Manuel Santos, era partícipe en “falsos positivos”, las oscura actividad que costó la vida a unos 5.000 jóvenes inocentes, y que años más tarde sería el promotor del diálogo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Tampoco entonces se hubiera creído que el 4 de setiembre de 2012 anunciaría que las “reuniones exploratorias han culminado con la firma de un acuerdo marco entre el gobierno nacional y las FARC que establece un procedimiento – una hoja de ruta – para llegar a un acuerdo final que termine, de una vez por todas, esta violencia entre hijos de una misma nación”. Pero lo que en el 2007 era una fantasía, hoy en este 2012 resulta ser una realidad latente.
Los cambios radicales en la política de un Estado siempre son consecuencias de nuevas necesidades o prioridades económicas. En este aspecto el presidente Juan Manuel Santos ha percibido el momento preciso para intentar acabar con 64 años de violencia en el país, que comenzó en 1948 con el asesinato de uno de los líderes más populares del Partido Liberal Jorge Eliécer Gaitán y que después se intensificó a partir de 1964 con la formación de las FARC.
Santos se ha dado cuenta de la existencia de condiciones objetivas y subjetivas para lograr la tan anhelada paz.
Primero, la crisis económica norteamericana y europea no ha afectado seriamente las estructuras productivas latinoamericanas, especialmente en países donde el Estado conservó su rol de guía de la economía. Segundo, la mayor integración regional facilitó nuevos mercados para el intercambio de los productos. Tercero, China ha empezado a convertirse en un sólido aliado comercial en el continente desplazando lentamente a los Estados Unidos de su hegemonía. Cuarto, en lo relativo a Colombia, la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Norteamérica abrió nuevas posibilidades para la elite nacional de aumentar sus ganancias. Los empresarios colombianos, especialmente del sector exportador, han entendido perfectamente la necesidad de la desmilitarización del país y están dispuestos a compartir los costos con el Estado.
Quinto, los recursos naturales de Colombia siempre han representado una atracción para los inversionistas internacionales y para las transnacionales que han estado presionando en estos dos últimos años al gobierno para que logre un acuerdo de paz con la guerrilla y así poder invertir. Sexto, en los últimos dos años Colombia se colocó en el tercer lugar en América Latina por el índice de crecimiento económico anual de 5.6 por ciento, que podría inclusive ser superado con la mayor inversión extranjera que ya está en la puerta del país, esperando garantías de seguridad que no se puede ofrecer sin desmilitarización de la sociedad colombiana, especialmente en el interior del país.
Simultáneamente con el incremento de estas presiones económico financieras, la tendencia “militarista” o “guerrerista” liderada por el ex presidente Álvaro Uribe empezó a perder su potencia y el apoyo popular debido al cansancio de la opinión pública colombiana de la violencia en que está sumergido el país. Tratar de derrotar a la guerrilla militarmente ha tenido un costo muy alto e injusto: seis millones de desplazados, 100.000 desaparecidos o muertos, 5.000 “falsos positivos”, 15.000 prisioneros políticos, 6.000 militares acusados de genocidio etc., etc. De acuerdo a la encuestadora Gallup, actualmente el 60 por ciento de la población nacional apoya el diálogo con la guerrilla.
A la vez, la realidad latinoamericana también ha cambiado en los últimos diez años y los países del ALBA han comenzado a mostrar a las FARC que existen otras posibilidades, otros métodos y tácticas para lograr la justicia social y económica en el continente que podría ser mucho más efectivo que la lucha armada. Parece que los dirigentes de la guerrilla han entendido este mensaje y se decidieron por el diálogo con el gobierno que comenzó prácticamente en el 2010 después de asumir Juan Manuel Santos la presidencia del país y mandar un mensaje secreto a las FARC diciendo que “todas las guerras terminan con algún tipo de acuerdo”.
En 2011 el líder de los insurgentes, “Alfonso Cano” (Guillermo León Sánchez Vargas), antes de ser abatido durante el bombardeo del campamento de las FARC en el departamento del Cauca por los miliares, dio su visto bueno al acercamiento al gobierno. En febrero de 2012 Hugo Chávez facilitó un encuentro secreto entre las FARC y un representante del gobierno colombiano en Barinas, Venezuela. Al ser confirmada la disposición de la guerrilla al diálogo, el presidente Santos se aprovechó de su visita a Cuba en marzo de 2012 para pedir al presidente de Cuba Raúl Castro su apoyo para iniciar el diálogo con las FARC. Así arrancó este proceso buscando la paz.
Su primera fase terminó el último 26 de agosto cuando los delegados del gobierno colombiano y las FARC firmaron en La Habana el “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto”. Lo suscrito representa en realidad una hoja de ruta que tiene cinco capítulos principales: 1. Desarrollo rural incluyendo un mayor acceso a la tierra, desarrollo social, estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, sistema de seguridad alimentaria. 2. Garantías para la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final. 3. El fin mismo del conflicto con cese del fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo y la reincorporación de las FARC a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, comprometiéndose el gobierno de revisar la situación de las personas privadas, procesadas o condenadas por pertenecer o colaborar con las FARC. 4. Solución al problema de las drogas ilícitas. 5. Derecho de las víctimas.
Superada la fase exploratoria, el gobierno y la guerrilla se preparan para la segunda etapa que consistirá en la negociación de la paz formal que comenzará el próximo 8 de octubre en la capital de Noruega, Oslo. Tanto el gobierno como las FARC que tendrán cada uno el equipo de cinco negociadores que estarán en la mesa en cada reunión y que contarán con otros cinco que serán asesores de los titulares. El presidente de la Asociación de Empresarios de Colombia, la institución interesada en este diálogo, Luis Carlos Villegas encabezará la delegación del gobierno que también incluirá a dos generales en retiro Jorge Enrique Mola y Oscar Naranjo, como también al antiguo comisionado para la paz Frank Pearl y al actual consejero de la seguridad nacional Sergio Jaramillo.
De lo que se sabe por el momento, las FARC estarán representadas por dos abogados, ambos con grado de comandante: Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez” miembro del secretariado de la organización y “Jesús Santrich” miembro del estado mayor. El último es conocido en Colombia por su libro sobre la vida de las comunidades indígenas, “Relatos Tayronas”. También la dirigencia de las FARC pidió la inclusión en la mesa de sus negociadores a “Simón Trinidad” y a su compañera “Sonia” ambos presos y condenados en los Estados Unidos. El portavoz del Departamento de Estado para el hemisferio Occidental, William Ostick, al dar bienvenida al diálogo, declinó comentar este pedido de la guerrilla.
La segunda etapa de la negociación de la paz va a ser muy complicada y dificultosa porque el diálogo no implica no solamente el cese de fuego, propuesta de la FARC y rechazada por el gobierno, sino significa la continuación del proceso de la militarización en Colombia al ordenar el presidente Santos intensificar el ataque a las FARC hasta que no se llegue al acuerdo de paz. Según los cálculos del gobierno, la guerrilla está atravesando un momento débil al perder en los últimos años varios de sus líderes, tales como su fundador Manuel Marulanda Vélez, alias “Tirofijo” quien murió en 2008, Manuel de Jesús de Muñoz Ortiz (“Iván Ríos” 2008), Luis Edgar Devia Silva (“Raúl Reyes”, 2008), Víctor Julio Suárez Rojas (“Mono Jojoy”, 2010), el iniciador del actual diálogo Guillermo Sáenz Vargas (“Alfonso Cano”, 2011) y abatido el último 7 de setiembre, según el ministro de defensa general Juan Carlos Pinzón, el número dos de las FARC, José Epimenio Molina, alias “Danilo García” mientras el gobierno y las FARC estaban conversando sobre la paz.
No cabe duda que el gobierno tiene muchas ventajas para tratar de imponer sus condiciones a las FARC. Posee uno de los ejércitos más grandes de América Latina contando con 230.000 integrantes, la misma cantidad que tiene el Brasil y el gasto militar del país es el mayor en la región, tres veces mayor que el de Venezuela. Cuenta con un sofisticado apoyo logístico norteamericano que dispone de ocho bases militares en su territorio. Es seguro con su asesoramiento logró instalar GPS en las botas del comandante “Mono Jojoy” para matarlo con una bomba de precisión. Se sabe que el servicio de la inteligencia colombiana logró infiltrarse ya en la guerrilla y esta posibilidad siempre se aumenta cuando hay un acercamiento entre dos fuerzas en guerra.
La historia del Perú lo demuestra. Después de la toma de la residencia del embajador japonés en Lima en diciembre de 1996 por el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), el servicio de inteligencia del país logró instalar aparatos de escucha en el local, de acuerdo a las publicaciones peruanas en 1997 que facilitaron la toma del local por un comando especial el 22 de abril de 1997. La prensa comentó que el representante de la Cruz Roja Mining les llevó a los guerrilleros una guitarra y el arzobispo Juan Luis Cipriani una cruz. Parece que ambos tenían sofisticados micrófonos incorporados.
Sin embargo, la idea de lograr finalmente la paz después de más de medio siglo de violencia en el país, justifica todos los riesgos que sin duda surgirán en este camino en que no va a ser fácil. Si se logra, para la cúpula militar significaría una reducción del gasto pues no habría razón para el Plan Colombia y miles de millones de dólares que el gobierno recibe de los Estados Unidos. También el militarista principal de Colombia, Alvaro Uribe, ahora tiene a su disposición un auditorio internacional para reforzar su campaña contra el diálogo con la guerrilla, después de ser invitado por Rupert Murdoch, el presidente de una de las más poderosas corporaciones internacionales de medios de comunicación News Corporation, de entrar en su junta directiva, para “aportar un valioso conocimiento sobre América Latina”.
Ya se sabe que “conocimiento” podría dar Uribe, pero es la política la que es dependiente de las necesidades económicas y no al revés. El pueblo colombiano aspira la paz y el deber de los políticos y de los líderes de las FARC encontrar caminos hacia ella. Tampoco hay que olvidar lo que escribió alguna vez la premio Nobel Rigoberta Menchú: “la paz no es solamente la ausencia de guerra; mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz”.
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