Rusia y Serbia confían en que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe una resolución sobre el tráfico de órganos humanos en Kosovo, dijo este viernes el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en rueda de prensa celebrada en Moscú al cierre de las negociaciones con su homólogo serbio Vuk Jeremic.
“Nos pronunciamos a favor de que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe la respectiva resolución, imprescindible para realizar una investigación plena e imparcial”, indicó.
Al expresar la esperanza de que los países occidentales participen en la solución de este problema, Lavrov señaló: “Espero que durante la investigación no se aplique la política de doble rasero. Lo ocurrido es más que una burda violación de todos los derechos humanos. Fueron pisoteadas las propias normas de la moral”.Jeremic a su vez dijo que Rusia y Serbia seguirán insistiendo en realizar una investigación y exponer sus resultados ante la opinión pública mundial y ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
La ex fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Carla del Ponte, fue la primera en denunciar oficialmente el comercio ilegal de órganos en Kosovo, que se practicó según ella tanto en ese territorio como en la Albania limítrofe durante y después del conflicto armado de 1999.
Ponte dijo que en 2004 había recibido un informe secreto de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) sobre trasplantes ilegales de órganos, pero el Tribunal para la ex Yugoslavia no pudo llevar a cabo entonces la respectiva investigación por surgir “numerosos obstáculos”.
El escándalo del tráfico de órganos en Kosovo y Albania tuvo mucha resonancia mundial tras la publicación en 2010 del informe del senador suizo y diputado de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), Dick Marty, sobre una presunta red de tráfico de órganos humanos extraídos a personas secuestradas en Kosovo durante el conflicto de 1998-1999.
El informe de Marty reveló la presunta implicación en la red criminal de unos allegados del actual primer ministro de Kosovo, Hashim Thaci.
En agosto de 2011, el diplomático estadounidense John Clint Williamson fue designado fiscal jefe de un grupo de jueces de instrucción instituido para investigar las denuncias expuestas en el informe del Consejo de Europa. El grupo se supedita en su actividad a la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo (EULEX).
